En el inicio del encuentro, el secretario general del sindicato realizó un informe sobre la situación política internacional, nacional y provincial, y compartió un análisis del escenario actual y de los desafíos que enfrenta la docencia fueguina.
En el marco del tratamiento de la Ley de Financiamiento Educativo, el Congreso ratificó el estado de alerta y movilización y resolvió convocar a asambleas en todas las instituciones educativas, junto con un paro provincial de 36 horas, desde el lunes 16 de noviembre a las 12 horas y durante toda la jornada del martes 17.
La definición se da luego de que la última sesión de la Legislatura pasara a cuarto intermedio hasta el próximo 17 de noviembre, en un contexto en el que continúa sin aprobarse el proyecto de ley. En este escenario, los legisladores Pablo Villegas y Damián Löffler (MOPOF), Matías Lapadula (Provincia Grande), Natalia Gracianía y Luciano Selzer (La Libertad Avanza) y Federico Sciurano (ex FORJA-UCR) vienen impulsando acciones que obstaculizan el avance de la Ley de Financiamiento Educativo.
Las estrategias discursivas que vienen utilizando para obstaculizar el avance de la ley se fueron quedando sin sustento.
Primero intentaron instalar que se trataba de un “impuestazo”, pero el dictamen de mayoría establece expresamente que ni el Banco de Tierra del Fuego (BTF) ni Camuzzi Gas del Sur podrán trasladar los costos derivados de estos aportes a las usuarias y los usuarios.
Además, parte de los recursos provenientes de la distribuidora de gas tendrán un destino concreto: financiar obras de infraestructura, tanto para mejorar y ampliar la red de gas y las conexiones domiciliarias como para atender las necesidades de infraestructura de las instituciones educativas. Es decir, se trata de incorporar recursos de sectores económicos que hasta ahora contaban con beneficios impositivos, sin trasladar esos costos a la población y generando obras para toda la comunidad.
Plantearon que no había tiempo para debatirlo, cuando SUTEF presentó una iniciativa de Ley de Financiamiento Educativo hace más de dos años y cinco meses, y quedó demostrado que hubo tiempo suficiente para discutirla.
Sostienen que los recursos que incorpora la ley son insuficientes, pero no acercaron ninguna propuesta alternativa ni identifican nuevas fuentes de financiamiento. Cuestionan los recursos sin proponer cómo obtenerlos: esa también es una forma de bloquear el debate.
Ahora instalan discusiones sobre las horas cátedra, sin un conocimiento integral del funcionamiento del sistema educativo, montando una campaña mediática que busca desvirtuar la necesidad de una Ley de Financiamiento Educativo y la necesidad de que haya un ajuste en la educación pública.
Lo que está en discusión es ajuste o inversión. En lugar de aportar soluciones para fortalecer el financiamiento educativo, sus intervenciones terminan sosteniendo una política de ajuste que pone en riesgo el presente y el futuro de la educación pública fueguina.
Frente a este escenario, desde SUTEF convocamos a realizar asambleas informativas y de debate en todas las instituciones educativas de la provincia, para construir un paro masivo con movilización en las calles.
Es fundamental que la docencia fueguina se organice en cada institución y acompañe una demanda que trasciende al sector docente: garantizar el derecho social a la educación mediante una política de financiamiento integral.
No estamos reclamando una solución coyuntural. Estamos reclamando una herramienta para el presente y el futuro de la educación pública de Tierra del Fuego AeIAS.
SUTEF
