Un grupo de senadores nacionales de la Patagonia presentó en el Congreso un proyecto de ley para derogar la eliminación de la Tarifa Social Federal de Gas y restablecer el esquema de subsidios energéticos vigente antes de las reformas impulsadas por el gobierno nacional. La iniciativa fue impulsada por la senadora fueguina Cristina López junto a sus pares Martín Soria y Ana Marks, de Río Negro; Alicia Kirchner y José Carambia, de Santa Cruz; y Carlos Linares, de Chubut.

Además, el proyecto cuenta con el acompañamiento de legisladores de otras provincias, entre ellos Pablo Bensusán (La Pampa), José Mayans y María Teresa González (Formosa), Lucía Corpacci (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), Florencia López (La Rioja) y Juliana Di Tullio (Buenos Aires).

En concreto, la propuesta busca dejar sin efecto tres normas centrales del nuevo esquema energético del gobierno de Javier Milei: el Decreto 465/2024, el Decreto 943/2025 y la Resolución 101/2026 del ENARGAS. Según los legisladores, estas medidas implicaron la eliminación de la Tarifa Social Federal de Gas y una fuerte reducción de subsidios, con impacto directo en el costo de los servicios para millones de usuarios.

De acuerdo con los fundamentos del proyecto, las reformas introducidas por el Ejecutivo modificaron profundamente el sistema de asistencia estatal a los servicios energéticos. En particular, la Resolución 101/2026 del ENARGAS eliminó el programa de Tarifa Social Federal de Gas y cambió el esquema de bonificaciones para usuarios residenciales y entidades de bien público.

Frente a esta situación, los senadores proponen recuperar un modelo de política energética basado en la equidad social y el acceso a la energía como derecho. Para ello, el proyecto plantea restituir el marco normativo que regía antes de las modificaciones recientes.

Entre otras medidas, la iniciativa propone restablecer el régimen de segmentación tarifaria creado por el Decreto 332/2022, que dividía a los usuarios en tres niveles de ingresos (N1, N2 y N3) para determinar el nivel de subsidios. Asimismo, busca recuperar la Tarifa Social Federal de Gas y garantizar la continuidad del Programa Hogares con Garrafa (HOGAR), destinado a asistir a familias que no cuentan con conexión a la red de gas natural.

Sin embargo, los autores del proyecto advierten que la reforma energética impulsada por el Gobierno nacional responde a una política de ajuste que ya comenzó a reflejarse en las facturas de los servicios públicos. En ese sentido, sostienen que desde diciembre de 2023 los incrementos tarifarios fueron muy superiores a la evolución de los ingresos de la población.

Según los datos citados en el proyecto, el precio de la electricidad acumuló aumentos del 344% y el del gas registró subas del 617%, mientras que la inflación alcanzó el 171% y los salarios crecieron aproximadamente un 229% en el mismo período. Como consecuencia, el peso de los servicios públicos dentro del presupuesto familiar se multiplicó, generando una presión creciente sobre la economía de los hogares.

Además, los senadores cuestionaron el funcionamiento del nuevo Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado por el Decreto 943/2025. Este sistema reemplazó el esquema de segmentación en tres niveles por un modelo que divide a los usuarios en solo dos categorías: hogares con subsidios y hogares sin subsidios.

Según explicaron, bajo este esquema solo reciben asistencia estatal los hogares con ingresos inferiores a tres canastas básicas totales, lo que deja fuera del beneficio a miles de familias que antes contaban con algún nivel de subsidio.

Por otra parte, el nuevo régimen limita los subsidios a un “consumo base” considerado indispensable. Esto implica que el beneficio solo se aplica hasta un determinado nivel de consumo, mientras que todo lo que supere ese umbral debe pagarse a precio pleno.

Para los legisladores patagónicos, este criterio resulta especialmente problemático en regiones de bajas temperaturas. En esas zonas, el consumo de gas destinado a calefacción durante el invierno suele superar ampliamente los niveles considerados como básicos por el nuevo esquema.

“En zonas frías, donde el gas es esencial para calefaccionarse durante gran parte del año, limitar los subsidios a un consumo base puede traducirse en facturas mucho más altas”, advierten en los fundamentos del proyecto.

En ese contexto, los senadores remarcan que el acceso a la energía debe ser considerado un derecho fundamental vinculado al desarrollo económico, la inclusión social y la igualdad de oportunidades. Según sostienen, garantizar el acceso a servicios energéticos modernos es un indicador clave del nivel de vida de una sociedad y una condición necesaria para combatir la pobreza.

Por último, los legisladores subrayaron que las provincias patagónicas se encuentran entre las más afectadas por los cambios en el esquema tarifario debido a sus condiciones climáticas. En esas regiones, el consumo de gas para calefacción durante el invierno es considerablemente mayor que en el resto del país.

Por ese motivo, los senadores del sur del país insistieron en la necesidad de establecer un sistema tarifario que contemple las particularidades climáticas y sociales de cada región, garantizando que las familias puedan acceder a la energía sin que ello implique un costo desproporcionado en sus ingresos.