La decisión se conoció tras la resolución del Juzgado Federal de Campana, que dejó
sin efecto la suspensión de la Ley 27.793 y habilitó su puesta en marcha. A partir de
ese pronunciamiento, el Ejecutivo avanzó tanto con la reglamentación como con una
reestructuración institucional del área.

En paralelo, se designó a Alejandro Vilches como secretario Nacional de Discapacidad.
El médico sanitarista ya se desempeñaba desde agosto de 2025 como interventor de
la Agencia Nacional de Discapacidad.

Entre los puntos centrales del decreto, se establece que la Secretaría Nacional de
Discapacidad pase a depender del Ministerio de Salud, concentrando allí la
planificación y ejecución de las políticas públicas del sector. El nuevo esquema busca
integrar salud, protección social e inclusión laboral bajo un mismo enfoque.

La normativa también dispone la conversión automática de las pensiones no
contributivas vigentes al nuevo régimen de Pensión por Discapacidad para Protección
Social, además de fijar requisitos de acceso, condiciones de permanencia y
mecanismos de control. A su vez, se definen criterios de compatibilidad con otros
ingresos y beneficios.

Otro aspecto clave es la instrucción a la Secretaría para convocar al Consejo Federal
de Discapacidad, con el objetivo de consensuar parámetros de evaluación
socioeconómica y presentar un plan de auditorías periódicas dentro de un plazo de 30
días.

Finalmente, el decreto prevé la implementación de acciones conjuntas con las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante esquemas de cooperación
y cofinanciamiento. La reglamentación comenzó a regir desde el 3 de febrero de 2026.