Toda la ingeniería que dio legalidad a la operación que terminó con la extranjerización de 60 mil hectáreas, en una de las zonas de mayor belleza y recursos naturales de Santa Cruz, se hizo en un reconocido estudio jurídico de la Capital Federal.

Tal como viene informando La Opinión Austral desde 2019, que es cuando se presentó la denuncia, son campos lindantes con la República de Chile que integran cincuenta kilómetros de ribera sobre el lago San Martín, binacional, bosques nativos, caudalosos ríos y un glaciar donde se ubican las estancias Melenik, Veranada de Jones y El Cóndor. Todo esto, sumado que a que se trata de un lugar especial por haber sido escenario de disputa, en el conflicto que Argentina mantuvo con el país trasandino y derivó en un laudo internacional.

Hoy todo ese lugar estratégico es del magnate chileno Maximiliano Ibáñez Bulnes, que pudo avanzar burlando la Ley de Tierras, que establece los límites de adquisición de tierras a manos extranjeras y de la zona de fronteras, es decir, directamente las prohíbe. Se trata de normas que el empresario no podía desconocer, ya que su país también las tiene. Sin embargo, encontró en Argentina a un equipo de denodados colaboradores, con el que comparte una historia común, vinculada a los años oscuros de ambos países.

Hay que recordar que Ibáñez Bulnes logró hacerse de la mayoría del paquete accionario de Cielos Patagónicos SA, administradora de las tres estancias, luego de una misteriosa renuncia del directorio. Pero, además, lo hizo a través de un tercero mediante la creación de un fideicomiso a nombre de Ezequiel Braun Pellegrini, el testaferro. La maniobra es tan clara, que el fideicomiso fue redactado de tal manera que el argentino prácticamente no tiene margen para decidir nada.

En declaraciones a LU12 AM80 de Río Gallegos, Eduardo Barcesat, abogado de los dos exsocios de Cielos Patagónicos SA que desnudaron este escándalo- ambos proteccionistas de la flora y la fauna-, dijo que todo fue “orquestado, lamentablemente, en el estudio jurídico del doctor Pérez Alati, quien armó las máscaras de todo esto”. Aun así, “fue demasiado burdo”.

La burla a las leyes argentinas

Por eso, lo que también se investiga acá es cómo esta maniobra ilícita logró la autorización de Zona de Fronteras y del Registro Nacional de Tierras Rurales.

Un dato no menor es que esta adquisición ilegal comenzó en 2016 y terminó cristalizándose en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, quien introdujo cambios a la Ley de Tierras que había sido impulsada en 2011 por Cristina Fernández de Kirchner, para frenar la extranjerización de los recursos. Lo que hizo la alianza neoliberal Cambiemos fue, mediante el Decreto 820, flexibilizar las cosas y dar rienda suelta.

En los cuatro años de investigación, la causa que también tiene como querellante a la Fiscalía de Estado de la provincia de Santa Cruz, sólo consiguió que se allanara Suipacha 1111, piso 18 (CABA), el domicilio legal de las empresas vinculadas a la compra y que son oficinas del abogado Pérez Alati.

Jorge Pérez Alati

Pérez Alati integra el Colegio de Abogados de la calle Montevideo, en CABA. Se le dice así porque hubo un tiempo en que los profesionales del derecho tenían su punto de encuentro adentro del Palacio de Tribunales hasta que el presidente Juan domingo Perón ordenó su salida. Posteriormente, los miembros de ese colegio intervinieron en su derrocamiento.

Defensores de genocidas

Además de ser un abogado de élite, el autor de la maniobra que le permitió al magnate chileno hacerse de tierras estrategias para Santa Cruz y el país, integra el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, (CELTYV), que lidera la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel.

Desde ese espacio, que tiene por objetivo negar los crímenes de lesa humanidad que cometieron las fuerzas militares de la mano de la pata civil, bajo la premisa de una “memoria completa”, se organizan actividades de reivindicación de los derechos humanos de los genocidas condenados, entre otras, como la de semanas atrás en la Legislatura porteña, donde volvieron a escucharse conceptos como los de subversión y terrorismo, con críticas a Madres y a Abuelas de Plaza de Mayo.

Según consignó el periodista Ari Lijalad, Pérez Alati “es socio de Mariano Grondona (hijo) y del heredero de José Martínez de Hoz, que fue ministro de Economía de Jorge Rafael Videla. En la conformación original aparecen también los abogados Horacio Adolfo García Belsunce –padre de María Marta García Belsunce, asesinada en 2002 en el country en el que vivía y, muchos años antes, integrante del Grupo Azcuénaga, que le daba sustento ideológico a la dictadura– y Eugenio Carlos José Aramburu, hijo del dictador ejecutado por Montoneros en 1970″.

Quien suele ocuparse del Colegio de Abogados de Montevideo es el diputado Rodolfo Tailhade, para quien no cabe dudas que “hace más de un siglo que el Colegio de Abogados de Buenos Aires trabaja para las oligarquías, las dictaduras y los buitres de la City”.

Los apropiadores de la Patagonia argentino-chilena

Ahora bien. Si de explicar el pasado para entender el presente se trata, la persona designada en el estudio de Pérez Alati como el dueño de las tierras, es decir, quien presta su nombre en el fideicomiso, es Ezequiel Braun Pellegrini, familiar de los Miguel Braun y Marcos Peña, que fueron secretario de Comercio y jefe de Gabinete en la administración de Macri, respectivamente.

El abuelo paterno de Braun Pellegrini fue Eduardo Braun Menéndez, de los Menéndez Behety. Su bisabuelo, Mauricio Braun Hamburger era el esposo de Josefina María Manuela Menéndez Behety.

Además de la historia bien conocida respecto del poderío sobre las tierras en Santa Cruz y Tierra del Fuego a partir del genocidio de pueblos originarios, durante la dictadura de Pedro Aramburu, crearon Austral Líneas Aéreas, que, curiosamente; fue estatizada luego por el ministro José Alfredo Martínez de Hoz, en dictadura.