El senador nacional José María Carambia presentó el proyecto de ley para crear el Corredor Marítimo Austral Argentino, una iniciativa que busca unir Punta Loyola (Santa Cruz) con Cañadón Alfa (Tierra del Fuego) mediante buques de carga y pasajeros, creando una ruta nacional, directa y permanente.

El proyecto fue presentado la semana pasada y, según resaltó el legislador, “no se trata solo de un tema logístico, es una cuestión de geopolítica, de asegurar el abastecimiento en el sur, de generar empleo en la Patagonia y de hacer valer nuestra soberanía en el Atlántico Sur”.

Sostuvo que “el proyecto exige, además, tarifas diferenciales para los residentes y prioridad a la industria y mano de obra nacional. El Estado ya cuenta con las herramientas y fondos (Ley 26.776 y el Fondo Fiduciario del Cruce Marítimo). Solo falta la decisión política de hacerlo realidad”, remarcó. 

La iniciativa establece la conexión como traza prioritaria “mediante buques RO-RO y RO-PAX para el transporte de camiones, vehículos, pasajeros y carga, terminando con la dependencia histórica de los pasos fronterizos chilenos”.

El legislador aclaró que “el proyecto no crea nuevos impuestos” sino que “dispone la activación del Fondo Fiduciario del Cruce Marítimo del Sur ya existente, para financiar la construcción de terminales, rampas, obras complementarias y la adquisición y mantenimiento de buques”. 

El eje central de la propuesta es la generación de trabajo local, ya que propone prioridad para astilleros argentinos, mano de obra santacruceña y patagónica, y contratación de proveedores radicados en Santa Cruz. Además, prevé tarifas diferenciales para residentes fueguinos, transporte de alimentos, insumos industriales y servicios esenciales.

“Proponemos un el corredor marítimo que una Punta Loyola con Tierra del Fuego genere trabajo en Santa Cruz y no en Chile», afirmó Carambia. Además, remarcó que “Hoy para llevar producción de Santa Cruz a Tierra del Fuego hay que cruzar cuatro fronteras chilenas, pagar en dólares y perder días. Esa plata y ese trabajo tienen que quedar acá. En obras en Punta Loyola, en nuestros puertos, en nuestros talleres. Es soberanía, pero sobre todo es trabajo santacruceño y previsibilidad para toda la Patagonia Austral”. 

Por último, Carambia hizo hincapié en que “el proyecto declara la infraestructura como de interés público nacional, estratégico y prioritario y establece un plazo de 180 días para que el Poder Ejecutivo presente la factibilidad técnica y el cronograma de obras”, argumentado en que “un país verdaderamente soberano no puede depender de fronteras extranjeras para conectar su propio territorio”.