“Estamos hablando de un conflicto que comenzó el 17 de marzo y, a casi dos meses, no tuvimos ninguna propuesta concreta. No hubo diálogo. Tuvimos tres reuniones, pero ninguna con soluciones reales”, explicó Roberto Oyarzún.

La protesta alcanzará a los hospitales regionales de Río Grande y de Ushuaia, aunque los servicios de urgencia (UAR) estarán garantizados. Según el dirigente, el paro es el resultado de un proceso de reclamo progresivo que inició con una “alerta y movilización” y que continuó con medidas de fuerza parciales, como la atención de un paciente por hora o la reducción de horarios de consultorio.

“El desgaste y el cansancio son visibles en las asambleas. Hay desmotivación y una gran frustración entre los colegas. A pesar de que no nos gusta llegar a esta instancia, es la única forma de hacernos escuchar”, señaló el titular de SIPROSA, asegurando que esperan una alta adhesión a la medida.

En cuanto al impacto que tendrá el paro en la atención sanitaria, Oyarzún indicó que la situación varía entre las ciudades. En Ushuaia, donde hay menos servicios tercerizados, el acatamiento será mayor. En cambio, en Río Grande, la elevada cantidad de contratados, que están obligados a trabajar, podría reducir el alcance de la medida.

Respecto a la problemática de fondo, Oyarzún fue enfático, “el problema es doble: traer Profesionales y lograr que se queden. Las condiciones laborales no son las prometidas, los sueldos no se condicen con la realidad y muchos renuncian al poco tiempo de llegar. Un servicio que tenía 15 Ginecólogos hoy tiene 6. El reemplazo de cada uno puede demorar hasta un año”.

Consultado sobre los interlocutores del gremio en el Gobierno, el dirigente detalló que hubo dos reuniones con el Ministro de Economía y una con la Ministra de Salud. “Se comprometieron a evaluar alternativas, pero no hubo más contacto desde entonces. No tenemos con quién dialogar”, lamentó.

En la provincia hay alrededor de 600 Profesionales de la salud en el sistema público, muchos de los cuales atraviesan una difícil situación económica frente a un sistema que, según Oyarzún, “no es competitivo ni en lo salarial ni en lo laboral”.