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Polémicas obras sin identificación en la Reserva Corazón de la Isla. CONSTRUCCIONES DE GOBIERNO, BAJO SOSPECHA

El Gobierno provincial lleva adelante la construcción de nuevas edificaciones dentro del área natural protegida “Corazón de la Isla”. Las obras, que incluyen un puesto de guardaparques y un galpón, carecen de identificación, generando un escándalo por el origen desconocido de los fondos, los plazos de ejecución, los montos de adjudicación y las empresas a cargo. La reserva, la más grande de la provincia, ya enfrenta un litigio por casi 10.000 hectáreas con particulares.

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Una nueva controversia política y financiera sacude a la provincia de Tierra del Fuego. El foco de conflicto son ahora las obras nuevas sin ningún tipo de identificación que se están levantando dentro de la Reserva Natural Provincial «Corazón de la Isla». Las construcciones, que serían un puesto para guardaparques y un galpón para unidades de combate de incendios, despiertan serios interrogantes sobre la transparencia de su ejecución.

El escándalo se dispara porque, a pesar de tratarse de infraestructura pública, no hay cartelería oficial ni información que aclare el origen de los fondos, los plazos de ejecución, los montos totales de la inversión ni quiénes son las empresas adjudicatarias. La falta de transparencia en la realización de estas obras dentro de una reserva natural provincial genera sospechas sobre la legalidad de los procedimientos.

Localización y litigio de la Reserva

La reserva «Corazón de la Isla» se ubica en la zona centro de Tierra del Fuego, al norte del Lago Fagnano. Su extensión es vital, ya que integra todas las tierras fiscales que se encuentran entre la comuna de Tolhuin y el Parque Nacional Tierra del Fuego.

Esta área natural protegida abarca una superficie de alrededor de 100.000 hectáreas, incluyendo la porción argentina del lago Deseado, la totalidad de los espejos y cursos de agua de los lagos Chepelmut, Yehuin y Yakush, así como todas las lagunas interiores que delimitan la zona.

La situación es más compleja aún debido a que la reserva ya se encuentra en litigio por casi 10.000 hectáreas. Estas tierras son reclamadas por particulares que buscan explotar la porción sur de la estancia Río Claro para emprendimientos privados, lo que añade presión sobre el ecosistema. La falta de información pública sobre las nuevas construcciones en un área tan sensible y judicializada aumenta las dudas sobre la gestión del Gobierno de la provincia.

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