El contexto global de la vacunación contra la COVID 19 muestra escenas particulares en todo el mundo, relacionadas sobre todo a la producción de un bien escaso y a las exigencias que tienen algunos proveedores para con los países que buscan comprar. En la Argentina, el caso más emblemático es el de Pfizer, que se encuentra en negociaciones con el país casi desde el inicio de la pandemia, pero aún no liberó dosis de fabricación propia.
En las últimas horas, ocurrió un hecho curioso que vincula a esa firma: la Cámara de Empresas Estadounidenses en el país (AMCHAM), les envió a funcionarios de peso de la administración de Joe Biden una misiva reclamando que Estados Unidos le dé prioridad a Argentina cuando se liberen los excedentes de vacunas que se aplican en esa nación del norte. Lo llamativo es que, dentro de esa entidad madre, conviven no sólo Pfizer, sino también Johnson & Johnson, que son dos de los tres proveedores de las vacunas que se aplican en Estados Unidos. El tercero es Moderna. Ergo, la nota de AMCHAM termina reclamándole a Biden el envío de vacunas fabricadas y no liberadas por esas mismas firmas en la Argentina.
“Como parte de su compromiso con el país y sus habitantes, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, AMCHAM, solicitó al Gobierno de Estados Unidos que considere a la Argentina como país receptor de vacunas contra el COVID 19 que su presidente, Joe Biden, anunció recientemente”, reza la carta, dirigida a la Encargada de Negocios, MaryKay Carsson “y otros funcionarios del Departamento de Estado”.
La nota, según explicaron fuentes que trabajaron en la misma, se coordinó con la Embajada de Estados Unidos en Argentina y otros funcionarios del Departamento de Estado. Y se da en un contexto en el que los estadounidenses expresaron voluntad de liberar entre 60 y 80 millones de dosis ante un contexto favorable de la vacunación interna y para salir al cruce de la estrategia de otros países que disputan liderazgos globales, como China y Rusia, que han asistido desde el minuto uno de la pandemia a todos aquellos países en vías de desarrollo que precisaron inmunización contra la COVID.
“Buscar los mecanismos que logren acelerar el proceso de vacunación para todos los argentinos. Se busca alcanzar la inmunización de rebaño y por ende mitigar el riesgo de contagios y más aún el fallecimiento de miles de habitantes de nuestro país”, sigue la carta, que aclara a continuación que esas dosis podrían ayudar a que las empresas se reactiven y no se resienta la economía.
La nota lleva la firma de Alejandro Díaz, titular de AMCHAM, y no contó con la anuencia de todos los socios en el proceso de elaboración. Muchos, de hecho, no tenían idea de qué se estaba redactando. Así, tuvo recepción diversa: casi todos apoyaron, pero algunos se plantearon, precisamente, por qué las mismas empresas que piden derivar sus dósis de las que le sobran a Estados Unidos, no agilizan contratos con Argentina. Al día de hoy, el país tiene negociaciones con Pfizer y en proceso un acuerdo con Johnson y Johnson. Pero la vacunación con dosis estadounidenses por fuera del país del país del norte han sido un problema para casi todos los países.
Hace unos días, Pfizer fue noticia cuando debió salir al cruce de denuncias de la titular del PRO, Patricia Bullrich, negando un supuesto pago de retornos para la provisión de vacunas a nivel local. En paralelo, esa denuncia pública, que no se radicó en la Justicia y luego fue mutando a explicaciones menos concretas, terminó con denuncias judiciales de funcionarios y ex funcionarios del Gobierno Nacional.
El primero fue el propio presidente Alberto Fernández, que designó como abogado a Gregorio Dalbón, y luego hubo presentaciones del ex ministro Ginés González García y el Ministerio de Salud nacional. Todos aseguraron que los embates a la negociación fueron cuestiones sin sustento y centradas en cuestiones políticas.
