Los allanamientos -solicitados por la fiscalía- fueron ordenados por el Juzgado Federal de Río Gallegos, a cargo del juez Marcelo Vázquez, y llevados a cabo por la Policía Federal Argentina. En los mismos se procedió al registro de los domicilios ocupados o frecuentados por los sospechosos. Como resultado fueron rescatadas ocho mujeres, una de ellas con discapacidad, las que son asistidas por el Programa Nacional de Rescate del Ministerio de Justicia de Nación. Asimismo, se incautaron importantes elementos probatorios para la causa.

El fiscal federal interviniente, Julio Zárate, destacó el rol de la línea 145 en la causa al que calificó de “trascendente” para poder avanzar con la investigación, así como el acompañamiento brindado por el Comité a una de las denunciantes que fue clave en la causa. El comunicado de la fiscalía precisa: “Si bien la investigación comenzó a raíz de una denuncia realizada por servicios sexuales de diferentes mujeres, que se promocionaban a través de distintas plataformas virtuales, la fiscalía tomó conocimiento de una segunda denuncia radicada a través de un llamado a la línea 145, en la que se expuso que los investigados intervenían en la realización de publicaciones con mismo contenido y misma finalidad, que se presentaba en el caso de la primera denuncia. Luego, se sumó otra denuncia, también a través de la línea 145, de la que se desprendió que esta misma persona se dedicaría a captar mujeres de la Provincia de Buenos Aires, a quienes les ofrecería trabajo en esta ciudad capital, donde las explotaría sexualmente, rotándolas por diferentes localidades de la provincia (Río Gallegos, Río Turbio y lugares aledaños), siendo alojadas en departamentos privados. Allí se dio intervención en la investigación al personal de la Policía Federal Argentina, Delegación Río Gallegos”.

“Gracias a la intervención y colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) y del Comité de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas se verificó que una denunciante expuso que era “trabajadora sexual” y que había sido trasladada hacia Río Turbio por la misma persona, quien obligaba a varias mujeres a prostituirse. Además, agregó que habría una alta rotación de mujeres, que tenían que abonar una suma de dinero –a veces con sexo- al acusado, para su protección, alojamiento y traslado”, resalta el Ministerio Público Fiscal.