El Gobierno decidió salir a responder a las denuncias por supuestas irregularidades en la compra de alimentos para la Quinta de Olivos. Una auditoría realizada sobre las contrataciones, a la que accedió Ámbito, concluyó que no existió la sobrecompra denunciada y que parte de los cuestionamientos surgió de tomar como consumo efectivo las cantidades máximas contempladas en órdenes de compra abiertas, según explicaron fuentes oficiales.

La Casa Rosada elaboró cuadros comparativos con contrataciones de años anteriores y con las cantidades efectivamente solicitadas. Hay un elemento que en el Gobierno consideran particularmente favorable para su explicación: algunos de los períodos utilizados para la comparación corresponden a los años de la pandemia o a su salida, cuando la presencialidad en las dependencias oficiales era sustancialmente menor.

Actualmente, según datos que manejan en Presidencia, unas 2.000 personas trabajan en Casa Rosada y alrededor de 1.300 utilizan diariamente el servicio de comida. En la Quinta de Olivos, en tanto, se calculan unos 130 comensales con dos servicios diarios, es decir, unas 260 comidas.

La explicación oficial parte de diferenciar las órdenes de compra abiertas de las solicitudes de provisión. Las primeras establecen un máximo posible, mientras que las segundas muestran cuánto fue efectivamente requerido. Antes de cada pedido, además, debe existir disponibilidad presupuestaria y se registra el correspondiente compromiso.

Para respaldar su posición, el Gobierno elaboró una comparación con períodos anteriores sobre carnes, frutas, verduras y bebidas tanto de Casa Rosada como de la Quinta de Olivos. Los datos muestran diferencias entre los máximos previstos en las órdenes y las cantidades finalmente solicitadas.

Puertas adentro

Pero la discusión por los kilos de carne, frutas y verduras es apenas una parte de lo que ocurre alrededor de Olivos. Puertas adentro de la Casa Rosada, el episodio abrió una disputa entre distintos sectores del oficialismo, con acusaciones cruzadas sobre el funcionamiento de la residencia presidencial, filtraciones y responsabilidades, que inlcuyen a María Belén Agudiez, exsubsecretaria de Planificación General y colaboradora cercana de Karina Milei, quien renunció a su cargo cuando estalló el escándalo.

En el entorno karinista rechazan algunas de las versiones que circularon durante los últimos días. Aseguran, entre otras cosas, que desde junio de 2025 hay personal militar en la cocina y niegan que Analía Agudiez -hermana de María Belén y esposa del entonces intendente de Olivos Oslvaldo Sosa- haya cumplido funciones como cocinera. También sostienen que el emprendimiento familiar mencionado en las denuncias hacía desayunos y no servicios de catering.

En otros despachos de la propia Presidencia se escucha una versión muy diferente. Allí señalan al entonces intendente de la Quinta y a su esposa y hablan de un eventual desvío de alimentos hacia el emprendimiento privado. También mencionan ingresos de personas a la residencia y filtraciones provenientes del personal civil. Son acusaciones que circulan dentro del propio Gobierno y que no han sido probadas.

Hay otro elemento que aparece reiteradamente en las conversaciones: el enojo de Javier Milei por las filtraciones sobre su vida cotidiana en Olivos.

Según cuentan funcionarios que frecuentan la Casa Rosada, el Presidente estaba convencido de que parte de la información que trascendía provenía del personal civil de la residencia. También había manifestado en más de una oportunidad su disconformidad con la comida.

“La carne era dura y mal preparada”, es una de las quejas que le atribuyen. Quienes han participado de algunas comidas en Olivos tampoco tienen los mejores recuerdos del menú. En los pasillos oficiales incluso comentan que un alto funcionario le estaría haciendo llegar al Presidente carne de muy buena calidad.

Son comentarios de pasillo, pero ayudan a entender el clima que precedió al cambio en el control de la Quinta de Olivos, que pasó a Casa Militar.

Karina, Belén y el intendente

La reorganización produjo movimientos dentro del círculo de la secretaria general de la Presidencia. María Belén Agudiez, hasta entonces subsecretaria de Planificación General, presentó su renuncia, como ya se comentó. Según pudo saber Ámbito, la funcionaria ofreció su salida después de haber instrumentado los desplazamientos del personal.

Entre ellos estaba Sosa, intendente de la Quinta. Sosa fue despedido y quedó fuera de la estructura. Según reconstruyeron fuentes oficiales, fue la propia Belén Agudiez, su cuñada, quien instrumentó su desplazamiento antes de presentar su renuncia.

La situación de los restantes trabajadores terminó siendo diferente. El Gobierno decidió reincorporar al personal civil inicialmente desplazado, aunque eso no significa necesariamente su regreso a las mismas funciones dentro de la residencia presidencial. De esta manera, después del revuelo inicial, las dos salidas que quedaron en pie son las de Sosa, despedido, y Belén Agudiez, que renunció.

La crisis también disparó especulaciones sobre quién ocupará los espacios que quedaron vacantes. En los pasillos de Balcarce 50 mencionan a Mara Gorini, asesora de la Secretaría General, como una funcionaria que podría ganar terreno. Sobre ella también circulan acusaciones y comentarios internos que, por el momento, no pasan de eso.

Casa Militar gana terreno

Otro de los nombres que aparece fortalecido en el nuevo esquema es el del jefe de Casa Militar, Sebastián Ibáñez, que asumió mayores responsabilidades sobre la Quinta de Olivos.

También aparece Mario “Marito” Suli, asistente personal y hombre de extrema confianza del Presidente, que vive en la residencia. En la Casa Rosada aseguran que podría convertirse en uno de los nexos entre Casa Militar y el funcionamiento cotidiano de la Quinta.

En este contexto también se menciona a Santiago Caputo. Según las versiones que circulan en Presidencia, el asesor mantiene un buen vínculo con Suli y habría contribuido a transmitirle al Presidente su preocupación por las indiscreciones sobre lo que ocurría en Olivos. Todo esto se produce, además, sobre el trasfondo de las conocidas diferencias entre Caputo y Karina Milei.

La consecuencia concreta es que Casa Militar quedó con mayor peso en el manejo de Olivos.

La respuesta por los alimentos

En paralelo con esa interna, el Gobierno prepara su defensa frente a las denuncias por las compras.

La presentación de la diputada Marcela Pagano puso bajo sospecha las cantidades de alimentos contratadas para la residencia presidencial y planteó la hipótesis de un eventual desvío de mercadería hacia un emprendimiento privado relacionado con personas vinculadas a la administración de Olivos. La denuncia tramita en el Juzgado Federal N°12.

Uno de los focos estuvo puesto en la carne. La denuncia cuestionó las cantidades contempladas para Casa Rosada y Olivos y sostuvo que, al relacionarlas con el número de comensales, la residencia presidencial mostraba un volumen elevado. El Gobierno rechaza esa interpretación.

La principal respuesta consiste en señalar que se compararon los máximos previstos en las órdenes de compra con el consumo efectivo. Según explican oficialmente, una orden abierta permite fijar un techo para determinado período, pero los productos se van solicitando según las necesidades.

Los números distribuidos por Presidencia buscan mostrar precisamente esa diferencia. Por ejemplo, en carnes para Casa Rosada la orden de 2021 contemplaba 28.817 kilos. En 2025 fueron 17.890 kilos y finalmente se solicitaron 17.700. Para Olivos, la comparación oficial marca 8.676 kilos en 2021 frente a una orden por 7.470 kilos en 2026, de los cuales se solicitaron 6.229.

El Gobierno utiliza además la presencialidad como argumento. Señala que durante parte de los períodos utilizados para las comparaciones predominaba el trabajo virtual, mientras que actualmente la administración funciona con presencialidad plena.

La denuncia judicial y la respuesta oficial plantean, de esta manera, dos lecturas diferentes sobre los mismos procesos de contratación. Será la Justicia la que deberá determinar si existieron las irregularidades denunciadas.