La iniciativa apunta a reducir las zonas protegidas y reforzar la autonomía de las provincias en la autorización de proyectos económicos.
La norma vigente, la ley 26.639, establece regulaciones estrictas para proteger las áreas glaciar y periglaciar, incluyendo estudios de impacto ambiental y limitaciones a actividades como la liberación de productos químicos o la construcción de infraestructuras no vinculadas a la investigación científica.
La medida se fundamenta en la necesidad de brindar “seguridad jurídica a los proyectos de inversión” y permitir un mayor desarrollo de actividades productivas en territorios hasta ahora restringidos. El Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, es el impulsor de la propuesta, con el respaldo de la Secretaría de Energía y otros organismos técnicos.
El Gobierno nacional asegura que la reforma mantendrá la obligación de presentar estudios de impacto ambiental y que se mantendrán las restricciones para los glaciares cubiertos y descubiertos. Sin embargo, desde sectores ambientalistas advierten que la iniciativa podría debilitar la protección ambiental y facilitar el avance de proyectos mineros en áreas sensibles.
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