Los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron de forma unánime un recurso presentado por la expresidenta  Cristina Fernández Kirchner en la causa del Memorándum con Irán, iniciada por el fallecido fiscal Alberto Nisman. La decisión de la Corte Suprema obliga a la exmandataria a enfrentar un juicio oral y público.

El máximo tribunal no se puso a valorar las pruebas del expediente ni se metió en el fondo de la cuestión, sino que se limitó a descartar la existencia de «arbitrariedad» o «gravedad institucional» que había advertido la defensa de CFK en la decisión tomada por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, que estableció que debía realizarse un debate oral y público.

«La gravedad institucional se vincula con la trascendencia de la sentencia apelada y, en su caso, con la necesidad impostergable de que esta Corte haga una declaratoria sobre el punto en discusión. No toda decisión dictada en un caso de trascendencia es en sí misma trascendente, ni reviste gravedad institucional», expresaron los supremos.

Con estas palabras, el máximo tribunal avaló la decisión que había tomado al respecto la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, que revocó los sobreseimientos de todos los acusados y ordenó que se avance hacia la etapa de juicio en el caso que se abrió por denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman.

“La Sala I de la Cámara Federal de la Casación Penal sostuvo que la hipótesis delictiva postulada por las acusaciones no se reducía a la suscripción de un tratado internacional, sino que tal circunstancia debía ser valorada en conjunto con las negociaciones realizadas por ‘canales paralelos’ a los carriles funcionales y que vehiculizaban el fin ilícito sostenido por las acusaciones, consistente en dotar de impunidad a los ciudadanos iraníes a los que se les atribuye el atentado a la A.M.I.A.”, plantearon los magistrados.

Este jueves, la Corte también rechazó una recusación planteada por el exprocurador del Tesoro Carlos Zannini contra los miembros del máximo tribunal. Además, ratificó la continuidad en la causa de los jueces Andrés Basso, Javier Ríos y Rodrigo Giménez Uriburu, que serán los encargados de sentar a los acusados en el banquillo y que habían sido cuestionados por la defensa de CFK.

Causa Memorándum con Irán

La causa se inició en enero de 2015 con la denuncia que presentó Nisman, en la que sostuvo que con la firma del memorándum entre Argentina e Irán se buscó encubrir a los acusados del atentado a la AMIA porque, sostuvo, hacía caer las alertas rojas de Interpol de detención que pesaban sobre ellos. 

El memorándum fue aprobado por ambas cámaras del Congreso argentino en 2013 y su objetivo era facilitar que la justicia argentina -donde no existe el juicio en ausencia- pudiera interrogar a los ciudadanos iraníes sospechosos de haber participado en la voladura de la mutual judía.

La causa fue elevada a juicio oral en 2018. En 2021, el Tribunal Oral Federal 8 (TOF 8), integrado por los jueces Daniel Obligado, José Michilini y Gabriela López Íñiguez, concluyó que no hubo delito, y por lo tanto no podía haber juicio. Todos los acusados fueron sobreseídos, pero las querellas de la AMIA y la DAIA apelaron y reclamaron un enjuiciamiento.

En septiembre de 2023, la Sala I de la Cámara de Casación Penal derogó el sobreseimiento, ordenó realizar un debate público y oral y dispuso el sorteo de un nuevo tribunal, integrado por los jueces Javier Ríos, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu. Los dos últimos habían condenado a CFK en la causa por corrupción en la obra pública, conocida como “Vialidad”.

El 3 de noviembre de 2023, la expresidenta recurrió la decisión de la Cámara Federal de Casación, que integran los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, ante la Corte Suprema, que este jueves finalmente no hizo lugar al planteo y confirmó la elevación a juicio oral.

En la causa, además de CFK, están acusados Eduardo Zuain, Zannini, Oscar Parrilli, Angelina Abbona, Juan Martín Mena, Andrés Larroque, Luis D´Elía, Fernando Esteche, Jorge Khalil y Ramón Bogado. El ex canciller Héctor Timerman, que también estaba imputado, falleció en el curso del debate.