Bajo el grito de «Justicia, basta de quitas», las personas con discapacidad, sus familias, llevan a cabo una marcha este miércoles en distintas ciudades del país, para visibilizar la grave crisis que atraviesa el sector y exigir al Gobierno que frene las políticas regresivas que afectan derechos esenciales.

Este reclamo colectivo pone en evidencia una realidad que no puede ser ignorada: las políticas públicas que afectan a este sector vulnerado requieren una atención urgente.

La marcha se realiza frente a la Residencia Presidencial de Olivos, ubicada en el cruce de las calles Maipú y Carlos Pellegrini, en la provincia de Buenos Aires. La movilización comenzó a las 10 con un un abrazo simbólico a la quinta presidencial, el acto que representa el pedido de atención urgente a las demandas de este colectivo.

A lo largo del día, en otras ciudades del país, se replicarán acciones similares. En Rosario, Mendoza, Tucumán y Córdoba, los participantes se concentrarán en distintos puntos clave para dar visibilidad a la problemática que afecta no solo la calidad de vida de las personas con discapacidad, sino también el trabajo de quienes sostienen las instituciones y servicios necesarios para su bienestar.

«Hemos pasado muchísimos gobiernos y muchísimas políticas de Estado, pero nada tan cruel como esto», dijo una de las asistentes de marcha en diálogo con C5N.

«No queremos que ajusten el presupuesto a nurestros hijos. Nadie que nace con un problema quiere tener esto y estar acá. Pedimos por favor que sean mantenidos nuestros derechos», dijo al madre de uno de los chicos con discapacidad. Y le hizo un pedido al presidente Javier Milei. «Que entienda que esto no es un capricho. Somos seres humanos y familias que sufrimos mucho».

Este panorama se vuelve aún más grave cuando se considera el impacto de los recortes presupuestarios del gobierno para 2025. Eduardo Maidana, secretario de Aiepesa y miembro del Foro Permanente de Discapacidad, expresó su preocupación por los recortes previstos en las pensiones no contributivas, un recurso fundamental para muchas personas con discapacidad que dependen de este apoyo para poder acceder a su derecho a la salud, la educación y una vida digna.

«Nos preocupa enormemente lo que se ha conocido sobre el presupuesto. La reducción de más de 177.000 pensiones No Contributivas, como consecuencia del Decreto 843, significa que muchas personas quedarán sin este recurso esencial para acceder a su derecho a la salud, la educación y una vida digna. Además, los aranceles prestacionales establecidos por la Ley 24.901 han aumentado apenas un 2,4 %, lo que afecta gravemente a las instituciones, profesionales y transportistas que sostienen las prestaciones», destacó Maidana.