La operación con Grupo Libertad garantiza la continuidad de más de 1.600 empleados de supermercados, pero deja afuera al personal administrativo. Las desvinculaciones, que ya comenzaron a notificarse, impactarán principalmente en Córdoba y se dan en un contexto de crisis y caída de la actividad.
En un contexto de fuerte deterioro económico tras más de dos años de la llegada de Javier Milei al gobierno, un nuevo conflicto laboral golpea al sector comercial: entre 80 y 100 trabajadores administrativos de la cadena de supermercados Libertad serán despedidos como consecuencia de la venta de la mayoría de sus sucursales a La Anonima.
El acuerdo entre Grupo Libertad y la firma patagónica implicó la transferencia de 12 de los 14 hipermercados que la empresa tenía distribuidos en nueve provincias, incluidas las cuatro tiendas ubicadas en Córdoba. La operación también contempla el traspaso de un centro de distribución y de unos 1.670 empleados que se desempeñan en las grandes superficies, quienes mantendrán sus puestos de trabajo bajo la órbita de la nueva empresa y con sus condiciones laborales actuales.
Sin embargo, la contracara de la operación es el impacto directo sobre el personal administrativo que trabaja desde la casa central en Córdoba. Este grupo, clave para el funcionamiento integral de la compañía, no será absorbido por La Anónima y ya fue notificado de su desvinculación.
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Incertidumbre y despidos confirmados
“Nosotros no seremos transferidos como quienes trabajan en los híper. Ya se nos anunció que quedaremos desvinculados”, señaló uno de los empleados con larga trayectoria en la firma, reflejando la incertidumbre que atraviesan los trabajadores afectados.
Según estimaciones, entre 80 y 100 empleados serán despedidos en el marco del proceso de transición, que se extenderá hasta el 31 de mayo. Se trata de personal que cumple funciones estratégicas como gestión de compras, liquidación de salarios y vínculo con proveedores para todas las sucursales del país.
Desde la empresa confirmaron que ya comenzaron a comunicar las desvinculaciones y aseguraron que cumplirán con las obligaciones legales, incluyendo el pago de indemnizaciones y los plazos de preaviso correspondientes. La decisión, explicaron, responde a que La Anónima cuenta con su propia estructura administrativa, lo que vuelve redundantes esas posiciones.
Un proceso que lleva meses
El achique en Libertad no es nuevo. La empresa viene atravesando un proceso de reestructuración desde hace meses, impulsado por la caída en la rentabilidad de su unidad supermercadista.
En enero ya se habían registrado despidos en sucursales de San Juan y Posadas, mientras que en febrero la firma cerró su formato Fresh Market en Buenos Aires, que empleaba a unas 90 personas.
En Córdoba, durante 2025, se implementaron programas de retiros voluntarios y se concretaron desvinculaciones en distintas áreas. Desde el grupo justificaron estas medidas al señalar que su negocio inmobiliario mantiene buenos resultados, a diferencia del rubro supermercadista, que enfrenta un marcado deterioro.
Actualmente, Libertad conserva la operación de los hipermercados ubicados en Mendoza y Chaco, que no fueron incluidos en la venta a La Anónima.
La crisis golpea al empleo
El caso de Libertad se suma a una serie de cierres, despidos y reestructuraciones que afectan al sector comercial en todo el país. La caída del consumo, el aumento de costos y la retracción de la actividad económica configuran un escenario complejo que impacta directamente en el empleo.
Mientras más de 1.600 trabajadores logran mantener su fuente laboral en el traspaso, cerca de un centenar quedará fuera del sistema, en un contexto donde la reinserción laboral se vuelve cada vez más difícil.
La situación vuelve a poner en debate el rol de las empresas en procesos de reestructuración y la necesidad de mecanismos de protección para aquellos trabajadores que quedan por fuera de los acuerdos.
