El gobierno nacional ha transformado la llegada de los primeros seis aviones F-16, prevista para el 5 de diciembre, en un espectáculo de simulación soberana. Y es que el ministro de Defensa, Luis Petri, no ha escatimado adjetivos para calificar de «histórica» esta adquisición, como la más importante en 40 años.

El anuncio, amplificada en redes sociales, se enmarca en una narrativa de recuperación de capacidades estratégicas y de un rearme simbólico de la Fuerza Aérea Argentina.

Sin embargo, detrás de esta fachada de potencia resucitada, se esconde una realidad de desinversión crónica y contradicciones estratégicas que vacían de contenido la operación.

La parafernalia del Ministerio de Defensa incluye una detallada descripción de las obras de infraestructura emprendidas en el Área Material Río Cuarto y la VI Brigada Aérea de Tandil, enfatizando el reacondicionamiento de plataformas militares y calles de rodaje, la construcción de nuevos hangares, alambrados perimetrales, centros de monitoreo y la inauguración de un avanzado Centro de Simulación Táctica, preparando el terreno para el despliegue operativo de los 24 cazas multirrol de cuarta generación.

No obstante, este relato triunfalista se fractura ante la denuncia pública del teniente general (R) Juan Martín Paleo, ex titular del Estado Mayor Conjunto.

Paleo no solo cuestiona la compra, sino que lanza una acusación gravísima: el secretario de Asuntos Internacionales de Defensa, Juan Battaleme, habría garantizado al Reino Unido que estos F-16 no representan una amenaza para sus intereses en las Islas Malvinas. Para Paleo, es «la confesión de una capitulación programada», donde se celebra la adquisición de «un arma castrada, incapaz de proyectar poder real» sobre el poder ocupante de nuestro territorio.

La polémica se enraíza en un problema estructural aún más profundo: la asfixia presupuestaria. Lejos de la imagen de una fuerza en renovación, un informe interno de la Fuerza Aérea, citado por Paleo, describe una institución al borde del colapso operativo. La infraestructura aeronáutica nacional sufre de maquinaria obsoleta, pistas agrietadas y hangares deteriorados. El presupuesto para equipamiento se ha reducido a niveles tan ínfimos que, realizando un cálculo sobre los costos operativos actuales, cada uno de los sofisticados F-16 apenas podría acumular dos horas de vuelo al año.

Esta cruda realidad presupuestaria convierte la millonaria inversión en una farsa de alto costo. Los aviones, símbolos de la tecnología militar moderna, corren el serio riesgo de convertirse en lo que Paleo define, como «fantasmas de acero en bases fantasmas». Una flota imponente para la fotografía oficial, pero inoperante por falta de fondos para el combustible, el mantenimiento y, crucialmente, para que los futuros pilotos cumplan con las horas de vuelo necesarias para dominarlos.

La paradoja se intensifica al contrastar la celeridad para esta compra y para financiar ejercicios conjuntos con potencias extranjeras, con el abandono de proyectos geostratégicos nacionales, como la Base Naval Integrada de Ushuaia.

El gobierno anuncia con bombos y platillos la llegada de los aviones mientras, simultáneamente, administra un presupuesto 2026 para las Fuerzas Armadas que es exiguo y mínimo, incapaz de sostener su operatividad real.

En definitiva, el programa F-16M se erige como el símbolo perfecto de una política de defensa esquizofrénica. Por un lado, gestos rimbombantes y una narrativa de soberanía sobreactuada e inverosímil; por el otro, una desinversión que garantiza la impotencia y las concesiones estratégicas que, según las graves acusaciones conocidas, cercenan cualquier pretensión real de disuasión.

Más que un salto cualitativo, la operación parece configurar un escenario ilusorio donde la defensa nacional se reduce a la adquisición de hardware militar, mientras se desmantela sistemáticamente la capacidad de usarlo, en un acto que equivale a una suerte de rendición voluntaria y anunciada.