La denuncia penal fue presentada por Jonatan Baldiviezo, abogado del Observatorio del Derecho a la Ciudad; Marcos Zelaya -otro letrado especialista en nuevas tecnologías-; María Eva Koutsovitis, una ingeniera que fundó El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos; y el economista Claudio Lozano, titular del partido Unidad Popular.

El texto plantea que el Presidente participó de «la megaestafa más grande de la historia en este rubro», que se llevó a cabo «a través de una operación conocida como rugpull, que ocurre cuando los desarrolladores detrás de un proyecto lanzan un token y atraen inversores para aumentar su valor, luego se retiran abruptamente y toman el dinero«.

«Cuando los estafadores vacían los fondos de liquidez, el precio de los criptoactivos cae a cero y los inversores pierden la oportunidad de intercambiar tokens por tokens más estables o de curso legal», remarcaron los cuatro denunciantes al describir la operatoria, que se produjo luego de la promoción que le hizo Milei a $LIBRA en sus redes sociales.

Los denunciantes solicitaron a las autoridades judiciales que adopten «medidas cautelares de protección de prueba», entre las que enumeraron un «allanamiento de la quinta de Olivos y de la Presidencia de la Nación a fin de secuestrar todo equipo electrónico (computadora, teléfonos, tablets, laptops)»; y que se «identifique y allane el domicilio de los denunciados y de las empresas implicadas».

También pidieron que se disponga una «intervención y pericia a la plataforma X a fin de custodiar el contenido de la cuenta del presidente Javier Milei @JMilei y de las otras personas denunciadas, incluyendo los registros de los tuits borrados»; un «bloqueo a las billeteras virtuales y cuentas bancarias de los denunciados»; y medidas de «trazabilidad de las transacciones del token $LIBRA a fin de identificar a los beneficiarios de la estafa».

Además de la figura de «asociación Ilícita», los denunciantes también reclamaron a la Justicia investigar al Presidente por «estafa y otras defraudaciones»; «incumplimiento de los deberes de funcionario público» y por «violar la Ley de Ética Pública».

Entre los denunciados también se encuentran Julian Peh, CEO y cofundador de Kip Network Inc y KIP Protocol; Daniel Parisini, conocido por su nombre en redes sociales como Gordo Dan; el influencer libertario Agustín Laje; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y Hayden Davis, presidente de Kelsier Ventures.