LEOLABS INC, la empresa dueña del radar de capitales británicos e irlandeses instalado en Tolhuin; le solicitó a la Inspección General de Justicia de Tierra del Fuego, inscribir dos nuevas compañías originarias de EE.UU.
Lo hizo a través de su apoderado, el abogado Pablo Bilbao; quien el 23 de octubre de 2023 presentó ante ese organismo, el pedido de registro de dos nuevas sociedades extranjeras: “LEOLABS US HOLDING INC” y de “LEOLABS US VENTURES LLC”; ambas con domicilio en el Estado de Delaware de los Estados Unidos de Norte América.
Los expedientes 5106/2023 y 5107/2023, que albergan los trámites administrativos legales en marcha; no estuvieron a la vista sino hasta marzo. La semana pasada Agenda Malvinas tuvo acceso a ellos y pudo conocer el planteo de la empresa, el recaudo que toma en esta oportunidad la IGJ de Tierra del Fuego y el camino que siguió en su segunda gestión del gobierno Gustavo Melella, frente al hecho más controversial que lo acompaña desde junio de 2023, cuando culminaba su primer mandato.
Una polémica de 9 meses
Todo surge cuando el sitio web radar internacional publica el 15 junio de 2023, que una “compañía británica” había instalado “un radar con función militar en Tierra del Fuego”. En la búsqueda de mayor información, secorrobora que se trata de LEOLABS ARGENTINA SRL -empresa dueña de la estación terrena montada en la estancia el relincho del municipio de Tolhuin-; creada como subsidiaria de la irlandesa LEOLABS SPACE HOLDING LIMITED y de la inglesa LEOLABS LIMITED. La primera partícipe del 95% de las acciones y la segunda, del 5% restante.
Mientras el gobierno de Tierra del Fuego interpretó que se trataba -como decía la empresa- de un radar destinado a realizar la búsqueda y seguimiento de la chatarra espacial en la atmósfera baja de la tierra y no de una aparatología con función dual que permitía el seguimiento de objetivos balísticos militares; el exjefe de la cartera de Defensa Jorge Taiana no manifestó expresamente lo contrario, pero dijo que involucraba cuestiones de interés público, por lo que pidió a Jefatura de Gabinete la “suspensión” del “permiso precario” otorgado, hasta que se pronunciara el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Al malestar social y político generado por la presencia de un radar de capitales angloirlandeses en Tierra del Fuego, -provincia que tiene usurpada desde 1833 más de 1.6 millones de kilómetros cuadrados de su territorio por Gran Bretaña y que vivió con mucha cercanía la guerra de 1982 -, se le sumó en agosto, un lapidario informe elaborado por el Ministerio de Defensa con aportes técnicos de las Fuerzas Armadas, el INVAP y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae), el cual aseguraba que la estación terrena (el radar), era un “riesgo para la seguridad nacional”, que afectaba “severamente la soberanía” y que la empresa podría tener nexos con servicios de inteligencia de Gran Bretaña y la OTAN.
El Ministerio de Defensa le solicitó a la jefatura de gabinete de ministros de la Nación la “cancelación definitiva” de la autorización otorgada el 22 noviembre de 2022. Acto administrativo que Jefatura de Gabinete cumplió inmediatamente.
Cuando la polémica del radar en suelo fueguino parecía zanjada, surgió un fuerte conflicto entre Nación y Provincia; esta vez respecto en quién caía la responsabilidad de ordenar y/o ejecutar el desarme del radar. La Provincia le pidió al Ministerio de Defensa de la Nación que se hiciera cargo del retiro y destino del campo de antenas y los equipos; pero la Subsecretaría de Comunicación y Conectividad de Jefatura de Gabinete le respondió por escrito al gobernador Gustavo Melella que la competencia la tenía su gobierno, pidiéndole además el corte del suministro eléctrico, de la red de internet y la nulidad de las autorizaciones dadas a través de la IGJ y de la Secretaría de Ambiente.
En el tramo final de la campaña presidencial de Unión por La Patria que llevó de candidato a Sergio Massa; el exministro jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente de la Nación Agustín Rossi; el exministro de Defensa Jorge Taiana y el gobernador fueguino Gustavo Melella; los tres miembros de esa misma coalición política, no pudieron ponerse de acuerdo para resolver una situación que merecía además de sustento legal, decisión política.
El 26 de septiembre, el día después que se incendiara una vivienda en las proximidades del radar y en el medio de una creciente polémica con atención de la prensa nacional y manifestaciones frente al establecimiento rural donde se encuentra el radar; el apoderado de LEOLABS ARGENTINA Pablo Bilbao, le envió una nota al gobernador manifestándole que “para disipar cualquier duda instalada en la comunidad y prevenir daños en las instalaciones”, habían decidido “retirar ciertas partes electrónicas de la estación terrena espacial instalada en las cercanías de la ciudad de Tolhuin”, que solicitarían “el corte total del suministro de energía”; a la IGJ, la “transferencia de las cuotas de los actuales socios (…) a dos sociedades del mismo grupo, pero con domicilio en los EE.UU.”, y al Ministerio de Producción y Medio Ambiente de la provincia, “la suspensión de los plazos procesales hasta que se resuelva de manera definitiva, a nivel nacional, la situación de la autorización de LeoLabs”.
“Un nuevo ropaje jurídico del mismo grupo societario”
Cuarenta días atrás, a fines del pasado mes de febrero; el inspector general de la Inspección General de Justicia de Tierra del Fuego José Pedro Diaz Reviglio, le envió por nota al Secretario de Justicia y Derecho Ciudadano del Ministerio de Gobierno y Justicia, Gonzalo Carrillo Herrera; informándolo sobre la solicitud de inscripción de “LEOLABS US HOLDING INC” y de “LEOLABS US VENTURES LLC”, planteada por el abogado apoderado, Pablo Bilbao; en una trámite iniciado el 23 de octubre de 2023.
“En principio no se observa obstáculo legal alguno para la inscripción de la sociedad dentro de nuestro organismo” –dice el titular de la IGJ-; “no obstante y en virtud de lo expresado en un caso similar -mismo objeto-, por la Fiscalía de Estado de la Provincia mediante Dictamen Nº 23/23, donde indica que, los organismos públicos (incluido la Inspección General de Justicia) deben tomar mayores recaudos respecto de este tipo de objeto en las personas jurídicas cuya inscripción se incoa, visto que podría afectarse la soberanía o seguridad nacional”; Diaz Reviglio le pide al secretario de Justicia y Derecho Ciudadano, “la intervención de la Secretaría de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales (…) a fin de que se expida jurídicamente sobre la factibilidad de permitir o no la inscripción societaria atento a que el objetivo de la Sociedad podría encontrar afectación de los intereses de defensa y seguridad nacional con motivo de ser, la totalidad de la provincia de Tierra del Fuego AeIAS (a excepción del ejido municipal de Ushuaia) considerado como zona de seguridad fronteriza y sujeto a las disposiciones de la ley 23.554”.
La Secretaría de Malvinas tomó el tema. Con la firma del Secretario Andrés Dachary, el 15 de febrero el gobierno fueguino le envió una nota al Ministro de Defensa Luis Petri, donde le solicita el “temperamento a seguir a la luz de la existencia de hechos nuevos, todo ello de conformidad de la Directiva de Política de Defensa Nacional -Decreto 427/2021, en salvaguarda de la seguridad nacional y resguardo de nuestra soberanía nacional”.
En la copia recibida por el Ministerio de Defensa el lunes 18 de febrero a la que tuvo acceso Agenda Malvinas, la gestión de Gustavo Melella le dice al gobierno nacional; … “conforme la documental y las actuaciones referidas, la pretendida inscripción de las sociedades extranjeras LEOLABS US HOLDINGS INC (…) y LEOLABS US VENTURES LLC, (ambas pertenecientes al grupo societario Internacional LEOLABS INC), no son más que un nuevo ropaje jurídico o presentación del mismo grupo societaria, lo cual tiene reconocimiento expreso por parte de LEOLABS ARGENTINA en nota de fecha 26/9/23 y buscan el desarrollo de las mismas actividades en nuestra provincia que las pretendidas por LEOLABS ARGENTINA SRL (con una participación del 5% de la sociedad inglesa LEOLABS LIMITED y un 95% de la irlandesa LEOLABS SPACE HOLDING LIMITED cuyo único socio es LEOLABS INC)”.
