Mediante un informe, la Fiscalía de Tierra del Fuego advirtió que las amenazas anónimas en establecimientos educativos no son bromas, sino delitos penales que pueden derivar en penas de prisión, en medio de un fenómeno que crece en la provincia.

La Justicia provincial avanza en distintas investigaciones tras registrarse una serie de amenazas en escuelas, una problemática que también se replica a nivel nacional. Desde el Ministerio Público Fiscal confirmaron que cada denuncia activa de inmediato el impulso de la acción penal.

El fiscal ante el Superior Tribunal de Justicia y jefe de fiscales, Eduardo Urquiza, fue claro al respecto “las denuncias dan lugar a la primera intervención de los fiscales, que es el impulso de la acción penal, porque estamos frente a la presunción de delitos”.

Además, remarcó que estas conductas tienen consecuencias concretas “si alguna persona entiende que esto se trata de una broma, hay que dejar claro que no lo es”. En ese sentido, precisó que “las amenazas anónimas establecen penas de 1 a 3 años de prisión, y la intimidación pública puede llegar de 2 a 6 años”.

Las causas se iniciaron principalmente por denuncias de autoridades escolares. En Río Grande, estos casos ingresan como primera instancia en el sistema judicial, mientras que en Ushuaia se tramitan en juzgados de instrucción, lo que evidencia la extensión del fenómeno en toda la provincia.

Urquiza subrayó la importancia de generar conciencia: “No es una broma, son delitos y son muy graves, y puede terminar mal para una persona joven”, advirtió, apuntando especialmente a la población juvenil.

También reconoció la dificultad en las investigaciones: “No sabemos si hay participación de mayores o solo de menores”, lo que obliga a actuar con cautela mientras se buscan identificar a los responsables.

En paralelo, el Superior Tribunal de Justicia trabaja en conjunto con otros organismos para abordar la problemática desde una mirada integral. “Se está coordinando un trabajo entre todos los actores atravesados por esta conflictividad social para acercarnos a los jóvenes”, explicó.

El fiscal destacó que la situación involucra a toda la comunidad: “La comunidad educativa está atravesada por distintas responsabilidades: patrimonial, administrativa, institucional”, incluyendo a familias, docentes y autoridades.

Finalmente, advirtió sobre el impacto de la legislación vigente: “Se ha reducido la edad a partir de la cual un menor puede recibir una sanción penal a los 14 años”, lo que refuerza la necesidad de tomar dimensión de la gravedad de estos hechos.

Por el momento, no hay autores identificados, pero las causas siguen en trámite. El mensaje de la Justicia es contundente: toda amenaza será investigada como delito y puede tener consecuencias penales, incluso si se intenta justificar como una broma.