La justicia federal no cree que las coimas de la Andis sean un caso aislado, sino que exponen el «modus operandi» de una corrupción extendida en otras áreas del gobierno de Javier Milei. Esa es la sospecha que empieza a tomar cuerpo a medida que avanza la investigación del juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi.
El caso expuso un mecanismo de recaudación ilegal que tributaría a los Menem y Karina Milei, como jefa última, bajo la mirada displicente de Milei, que habria elegido no intervenir pase a las advertencias de Diego Spagnuolo, ex titular de la Andis, el organismo de administrar los beneficios a los discapacitados. El propio Presidente pareció avalar esta hipótesis cuando este lunes dijo en un acto en Junin: «Están molestos porque les estamos afanando los choreos».
«El caso de las coimas apunta al corazón del modus operandi de la corrupción de Milei», afirmaron fuentes al tanto de la investigación, que transcurre bajo secreto de sumario. Por eso, este lunes el fiscal Picardi pidió al juez Casanello que bloquee las cajas de seguridad bancarias de Spagnuolo, su neumero dos, el ex funcionario Daniel Garbellini y los dueños de la droguería Suizo Argentina, Jonathan, Emmanuel y Eduardo Kovalivker.
El juez y el fiscal se movieron con una celeridad inusual para Comodoro Py ante casos que tocan el poder. De hecho, Revelaron que un abogado había denunciado este esquema de coimas con la Suizo Argentina y el fiscal Carlos Rivolo la archivó sin mayores explicaciones.
Ahora, la historia es muy distinta. Casanello y Picardi avanzaron sin demoras en los allanamientos de las casas de los involucrados para hacerse de las pruebas -teléfonos celulares, computadoras-, pero con alguna astucia no avanzaron todavía con pedidos de detenciones, acaso para que no se activaran los anticuerpos de camaristas solidarios con la administración libertaria e intentaran quitarles la causa.
En esos procedimientos, Picardi se encontró con una actitud que lo indignó especialmente: el deliberado entorpecimiento del operativo por parte de la seguridad privada de Nordelta para darle tiempo a Jonathan Kovalivker a vaciar sus cajas de seguridad y fugarse con esas y otras pruebas.
Por eso, Casanello evalúa pedir el procedimiento del jefe de Seguridad del country, Ariel De Vincentis. «Estamos hartos de que vigilantes de los countrys avisen a los implicados en causas judiciales antes que lleguemos para que escapen u oculten pruebas», afirmó a LPO un experimentado investigador judicial. «Picardi no pidió detenciones al boleo pero avanza con puño de hierro», afirmó un colega del fiscal, que lo conoce bien.
«El juez no va a tolerar la obstrucción de justicia», agregó la fuente y explicó que Casanello y Picardi «se movieron rápido antes que destruyan pruebas». Ambos son definidos en Comodoro Py como funcionarios serios y muy prolijos en sus resoluciones.
En Comodoro Py ya saben que el gobierno intentará caracterizarlos como «kukas», pero el tema no les preocupa.
Casanello fue nombrado por la ex presidenta y Picardi fue subsecretario del Ministerio de Justicia durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner, bajo la órbita del por entonces ministro Julio Alak. Pero se desempeña como fiscal hace 10 años y, en ese lapso, le tocó investigar, indagar y procesar a la plana mayor del ex Ministerio de Planificación, con Julio De Vido incluido, y los empresarios cercanos al macrismo por la causa del soterramiento.
Lo mismo investigó la causa de espionaje ilegal que llevó el juez Federico Villena contra el gobierno de Mauricio Macri.
Al presentarse este lunes ante Casanello y Picardi, Jonathan Kovalivker entregó su teléfono celular pero se negó a facilitar la clave del aparato. «Igual se puede abrir y averiguar si borró archivos o no», aseguró a LPO un especialista informático de la justicia federal.
El único investigado que aportó los datos para que revisen su dispositivo telefónico fue Garbellini.
Un dato que habría despertado profundo interés habría sido la revelación de La Nación sobre el voluminoso incremento de los contratos de la droguería Suizo Argentina durante el gobierno de Milei. Según ese artículo, pasó de 3900 millones de pesos en 2024 a 108 mil millones de pesos este año.
