Esta microinvestigación busca concientizar a las autoridades de los Ministerios Públicos sobre la necesidad de evaluar el desempeño de sus políticas de persecución penal, como insumo básico para mejorar su impacto sobre la criminalidad y en la tutela judicial de las víctimas.
Con la implementación del sistema acusatorio en casi todo el país, los Ministerios Públicos Fiscales adquirieron un nuevo rol que ya no puede resumirse en la vieja fórmula de “dirigir la investigación penal”, sino que abarcan tareas tan sensibles como la identificación y priorización de mercados criminales, el diseño de estrategias de intervención con respuestas diversificadas y la participación en la implementación de la política criminal del Estado, a través de un de sus sub-políticas, como lo es la política pública de persecución penal. Estas nuevas funciones hacen que la producción de información se vuelva indispensable para la toma de decisiones por parte de las autoridades y para el control ciudadano.
Pese a eso, la mayoría de los Ministerios Públicos Fiscales del país no publican información básica sobre su desempeño. Y, en muchos casos, ni siquiera la producen, o sólo lo hacen cuando reciben algún pedido de acceso a la información pública.
De allí la decisión de presentar este ránking que busca ofrecer una tasa muy básica y elemental, que busca responder a una pregunta tan sencilla como relevante para cada uno de los MPF que actúan en Argentina: ¿en cuántos casos penales que le ingresan, el Ministerio Público Fiscal logran obtener una salida con incidencia político-criminal, aunque sea mínima o potencial? Esto incluye no solamente a las condenas, sino también a las suspensiones de juicio a prueba y a los acuerdos reparatorios. En otras palabras, en cuántos casos las fiscalías logran el objetivo (ya que eso es la eficacia) político-criminal más básico. Se trata de una instancia mínima y elemental de evaluación. El indicador se construye en base a datos solicitados a todos los MPF del país a través de solicitudes de acceso a la información pública.
Buenas prácticas en la mejora de la tasa básica de eficacia político-criminal
Como novedad, este año se introdujo una sección de “Buenas prácticas” donde se resaltan dos decisiones institucionales de Ministerios Públicos Fiscales del país que, a priori, tienen perspectivas auspiciosas en alguna de las dos dimensiones claves que determinan la tasa básica de eficacia político-criminal: los casos penales ingresados y las salidas con incidencia político-criminal.
Este es el caso de Santa Fe con el establecimiento de un nuevo procedimiento de registro y categorización de ingresos, y Mendoza, con la implementación de nuevos lineamientos generales de política de persecución penal en materia de género que permiten la diversificación de respuestas.
Para proponer una buena práctica adoptada por algún Ministerio Público Fiscal para la mejora de su tasa básica de eficacia político-criminal, por favor envíela a inecip@inecip.org con el asunto “Repositorio de buenas prácticas para la eficacia político-criminal”.
Ranking de opacidad de los Ministerios Públicos Fiscales
Los Ministerios Públicos Fiscales de Tucumán, San Juan, Tierra del Fuego, Misiones, Córdoba, Formosa, La Pampa, y Santiago del Estero no enviaron ni siquiera los 4 indicadores más elementales (ingresos, condenas, suspensiones de juicio a prueba y acuerdos reparatorios) que permitirían medir la eficacia básica, pese al plazo de 4 meses con el que contaron, y a las reiteradas solicitudes enviadas. Estos datos tampoco son publicados en sus sitios web.
Este “apagón informativo” impide el control ciudadano sobre la gestión de los recursos estatales y obstaculiza cualquier discusión democrática sobre las políticas de persecución penal. Pero, lo que es más grave aún, puede ser un síntoma de una falta de interés de esos organismos provinciales por la calidad de su gestión, lo cual inevitablemente afecta su capacidad de generar un impacto social positivo. Mucho más grave que un mal desempeño, es la falta de datos básicos sobre ese desempeño, que habilitan la más absoluta arbitrariedad en la administración de recursos tan sensibles como la violencia estatal.
