Según un reciente informe de la Jefatura de Gabinete, el volumen de retiros y desvinculaciones va en aumento, pero lo que pocos destacan es el impacto directo que esto tiene en la eficacia de las unidades y en la preparación institucional.
La causa principal del éxodo es, desde hace años, la insuficiente remuneración. La brecha salarial con las fuerzas de seguridad provinciales y federales sigue siendo significativa, y en un contexto económico difícil, muchos efectivos optan por un cambio laboral que ofrece mejores condiciones.
La consecuencia es una pérdida irreparable de recursos humanos con experiencia y formación especializada, particularmente en unidades de élite y áreas críticas.
Este fenómeno tiene un efecto doble: no solo reduce la cantidad de personal, sino que también afecta la calidad y la disponibilidad de capacidades clave para la defensa nacional.
La salida de oficiales y suboficiales altamente capacitados obliga a invertir recursos y tiempo para recuperar esos niveles de preparación, algo que, en un escenario de recursos limitados, resulta cada vez más difícil.
Casos como Córdoba reflejan esta realidad: unidades que requieren formar y capacitar nuevo personal, pero que ven cómo la fuga de talentos empuja a realizar reemplazos con antecedentes insuficientes. Siendo que en muchos casos, efectivos militares pasaron a formar parte de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) de la provincia de Córdoba.
«De acuerdo con fuentes provinciales consultadas por este medio, el primer llamado contó con decenas de postulantes, muchos de ellos provenientes de unidades con asiento en Córdoba«, señala el medio Zona Militar, agregando que «esto implicó para el Ejército Argentino una enorme pérdida de capacidades, ya que no solo afecta la orgánica de estos elementos, sino que su recuperación demandará una considerable inversión de tiempo y recursos«.
La pérdida de efectivos especializados, además, compromete la respuesta ante amenazas emergentes y la participación en misiones internacionales.
Sin una política de retención efectiva y de valorización del recurso humano, resulta imposible mantener las capacidades básicas que sustentan su misión constitucional.
La deserción de profesionales calificados no es solo una baja estadística; es un riesgo para la defensa nacional.
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