La Corte Penal Internacional (CPI) dictó este jueves órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Nentayahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant, como máximos responsables de la comisión de crímenes de guerra y lesa humanidad en la Franja de Gaza al menos desde el 8 de octubre del año pasado.

Los jueces también aprobaron la orden de arresto de Mohammed Deif, un alto cargo de Hamas considerado jefe de su ala militar, aunque Israel ya lo declaró muerto en un ataque israelí lanzado el pasado junio contra la Franja, un fallecimiento que nunca fue confirmado por el grupo islamista.

Desde la Corte Penal Internacional, además, indicaron que «no es necesario que Israel acepte la competencia de la Corte, ya que la Corte puede ejercer su competencia sobre la base de la competencia territorial de Palestina», luego de que Israel impugnara la competencia de dicha institución en la cuestión Israel-Palestina.

«Hay motivos razonables para creer que ambos individuos privaron intencionalmente y a sabiendas a la población civil de Gaza de objetos indispensables para su supervivencia, incluidos alimentos, agua, medicamentos y suministros médicos, así como combustible y electricidad», sostuvieron desde la Justicia internacional en la comunicación de ambas órdenes de detención.

Además, desde el tribunal que imputó a Benjamín Netanyahu y Yoav Gallant por crímenes de guerra y de lesa humanidad, señalaron que no se «encontraron motivos razonables para creer que no se podía identificar ninguna necesidad militar clara ni ninguna otra justificación en virtud del derecho internacional humanitario para las restricciones impuestas al acceso de las operaciones de socorro humanitario».

La respuesta de Israel

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel dijo en septiembre que había presentado dos informes legales desafiando la jurisdicción de la CPI y argumentando que la corte no proporcionó al Estado hebreo la oportunidad de investigar las acusaciones por sí mismo antes de solicitar las órdenes.

“Ninguna otra democracia con un sistema legal independiente y respetado como el que existe en Israel ha sido tratada de esta manera perjudicial por el fiscal”, escribió en X el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Oren Marmorstein. Afirmó que Israel permanece “firme en su compromiso con el Estado de derecho y la justicia” y continuará protegiendo a sus ciudadanos contra los milicianos de Hamas.

La CPI es un tribunal de última instancia que sólo procesa casos cuando las autoridades de aplicación de la ley nacionales no pueden o no quieren investigar. Israel no es un estado miembro de la corte. El país ha tenido dificultades para investigarse a sí mismo en el pasado, dicen los grupos de derechos humanos.

A pesar de las órdenes, es poco probable que los sospechosos enfrenten pronto a los jueces en La Haya. La propia corte no tiene policía para hacer cumplir las órdenes, y en su lugar depende de la cooperación de sus estados miembros.