La Caja de Previsión Social de Tierra del Fuego otorgó la jubilación extraordinaria al juez penal de Ushuaia, Javier De Gamas Soler, de 55 años de edad, quien enfrenta cargos por encubrimiento en la investigación del atentado a la AMIA en 1994. Recordemos que habia un pedido de jury contra el Juez por estar en funciones y ademas tener una actividad comercial privada, algo que esta prohibido, pero que la Magistratura, dejo pasar.
La decisión generó controversia y críticas en la provincia, y descarta que el mismo sea destituido a través de juicio político como se habría planteado a principios de año. De Gamas presentó su renuncia en abril de este año, días después de que la Cámara Federal rechazara su recurso y ordenara dictar un nuevo pronunciamiento sobre su situación procesal y la traba de embargo.
Los delitos sobre los que se lo investiga son por encubrimiento, peculado, privación ilegal de la libertad y prevaricato, derivados de su intervención como secretario del destituido juez Juan José Galeano, el primero que investigó el atentado a la AMIA.
La Cámara también confirmó que estas figuras delictivas eran consideradas «de lesa humanidad» y, por lo tanto, no prescriben.
La situación del juez fueguino llegó al Consejo de la Magistratura provincial, cuyos miembros solicitaron información sobre el estado de la causa y la situación procesal del magistrado. Sin embargo, al aprobarse su jubilación, De Gamas dejará el cargo y se tornará abstracta la posibilidad de que le inicien un jury de enjuiciamiento y de que eventualmente lo destituyan.
Diversos referentes de organizaciones sociales también han cuestionado la decisión de otorgarle la jubilación al juez en estas circunstancias. Adriana Reisfeld, integrante de Memoria Activa, calificó oportunamente la situación como «una vergüenza».
De Gamas Soler se encuentra imputado junto a los exsecretarios de Juan José Galeano, Susana Spina y Carlos Velasco. Aunque inicialmente fueron procesados por «incumplimiento de los deberes de funcionario público», un fallo de abril de este año de la Cámara Federal agravó las figuras delictivas.
Este fallo fue posteriormente apelado ante la Cámara de Casación Penal. Por esos hechos, el exjuez Galeano fue condenado a seis años de prisión, acusado de haber montado una maniobra para que el desarmador de autos Carlos Telleldín modificara su declaración original, e involucrara falsamente a un grupo de policías bonaerenses en el atentado de la AMIA, a cambio de 400.000 dólares.
De Gamas, entonces secretario del Juzgado, habría sido quien en persona le entregó esa suma a Telleldín.
En resumen, la jubilación otorgada al juez penal Javier De Gamas Soler, pese a que no altera el curso de las investigaciones penales y la eventual condena por los delitos imputados, sí impide que sea destituido.
