La iniciativa dispone que no podrán ser precandidatos, candidatos ni designados en funciones públicas aquellas personas que registren condenas desde la segunda instancia judicial, aun cuando la sentencia no se encuentre firme, siempre que se trate de delitos considerados de especial gravedad.

Entre los delitos alcanzados se incluyen los vinculados contra la seguridad de la Nación y el orden constitucional, así como los delitos contra la administración pública, entre ellos cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con la función, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito y encubrimiento. También abarca el fraude en perjuicio del Estado, delitos contra el orden económico y financiero, el incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, los delitos contra la integridad sexual y el feminicidio, además de aquellos previstos en leyes especiales o tratados internacionales en materia de lucha contra la corrupción.

El proyecto incorpora un mecanismo de control previo que apunta a reforzar la transparencia del proceso electoral. En ese sentido, establece que los partidos políticos y alianzas deberán presentar, al momento de la oficialización de listas, el certificado de antecedentes penales vigente de cada postulante, emitido por el Registro Nacional de Reincidencia.

En caso de no cumplir con este requisito, el organismo electoral deberá intimar a la fuerza política, otorgando un plazo de 48 horas para presentar la documentación o reemplazar al candidato. De persistir el incumplimiento, la lista se considerará incompleta a los efectos de su oficialización.

La iniciativa también extiende estas incompatibilidades al ejercicio de la función pública. De este modo, las personas comprendidas en las inhabilitaciones no podrán ser designadas en cargos dentro del ámbito provincial. Asimismo, se prevé que si una condena de estas características se verifica con posterioridad a la designación, se deberá iniciar el procedimiento administrativo correspondiente, garantizando el derecho de defensa, con el fin de evaluar el cese en el cargo.

Entre 2020 y 2022, la representación parlamentaria de la UCR intentó sin éxito establecer en la Provincia la denominada Ficha Limpia. Otro tanto ocurrió a nivel nacional en 2025, cuando la Cámara de Senadores rechazó por ajustada mayoría el proyecto que contaba con media sanción de Diputados.