La sede del Ministerio de Trabajo de la Nación en Río Grande, bajo la órbita de la cartera de Capital Humano, fue el escenario de una concentración encabezada por la CGT este martes 11 de febrero. El objetivo de la movilización fue explicitar el descontento sindical ante diversos puntos de la reforma laboral que impulsa la administración central, la cual atraviesa actualmente su etapa de debate en la Cámara de Senadores.

Daniel Rivarola, referente máximo de la central obrera en la ciudad, lideró el encuentro y fijó la postura de las organizaciones frente a los cambios propuestos. El dirigente sostuvo que la medida oficial “no va a crear ni un solo puesto de trabajo, pero sí va a quitar muchos derechos conquistados por los trabajadores”, marcando una distancia total con los argumentos de modernización que esgrime el oficialismo.

Durante la jornada se dio lectura a un documento elaborado por los gremios que integran la CGT local, donde se enfatizó la importancia de nacionalizar el reclamo. El texto subrayó que la visibilización de estas protestas busca enviar una señal política de resistencia dirigida a los integrantes de ambas cámaras del Congreso Nacional.

Al momento de su discurso, Rivarola enmarcó la protesta dentro de un esquema de acción federal. Según sus palabras, la intención de la convocatoria fue ratificar la oposición del sector laboral y fomentar que en cada rincón del territorio argentino existan expresiones de rechazo para que los legisladores tomen dimensión del “repudio absoluto” a la normativa.

El referente sindical también cargó contra los representantes de La Libertad Avanza y sus aliados parlamentarios. En ese sentido, Rivarola cuestionó que los defensores del proyecto parecen desconocer la realidad de sus provincias y promueven una ley que, a su criterio, atiende a intereses ajenos a la vida cotidiana de quienes integran el mundo del trabajo.

Desde la óptica de los sindicatos, el proyecto oficial representa una avanzada de “precarización laboral” que no ofrece beneficios reales para la clase trabajadora. Entre los ejes de mayor preocupación se detallaron la posibilidad de fraccionar las vacaciones mediante bancos de horas, la ampliación de los plazos de prueba y la modificación del sistema indemnizatorio por despidos.

El documento leído ante la militancia también denunció restricciones a la actividad sindical y al derecho a la protesta. Los gremios aseguran que el diseño de la ley responde a las necesidades de sectores empresariales vinculados al Gobierno, quienes buscarían aumentar sus márgenes de ganancia mediante el esfuerzo del pueblo trabajador.

Respecto a la informalidad laboral, la CGT desestimó que la reforma sea la solución para el alto porcentaje de trabajadores no registrados en el país. Los dirigentes argumentaron que el combate al trabajo «en negro» se logra con una mayor presencia de inspectores en la calle para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y no mediante la quita de protecciones.

La situación de los trabajadores de plataformas digitales también formó parte de la agenda de reclamos. El sector gremial denunció que la iniciativa los excluye de la relación de dependencia, dejándolos en una situación de vulnerabilidad extrema al no contar con cobertura ante siniestros laborales o enfermedades, ni acceso a la seguridad social básica.

Finalmente, el acto sirvió para reivindicar la unidad sindical como el único camino para frenar el avance legislativo del proyecto. Los organizadores recordaron la marcha de diciembre pasado en Buenos Aires como un factor de peso para dilatar el tratamiento y exigieron a los diputados y senadores que decidan si representarán a los trabajadores o a los intereses corporativos antes de rendir cuentas ante sus votantes.