En la presentación, realizada el día 23 de mayo, un conjunto de organizaciones denunció que la situación que están atravesando las personas con discapacidad beneficiarias de pensiones no contributivas pone en grave riesgo su derecho a la protección social y todos aquellos que dependen de él.
En primer lugar, cuestionan la aprobación del Decreto 843/24, que restablece requisitos que habían sido declarados inconstitucionales por la Justicia argentina y objetados en reiteradas ocasiones por organismos internacionales de derechos humanos. Al hacerlo, reproduce un paradigma médico, capacitista y discriminatorio, que desconoce la situación de exclusión estructural en la que se encuentran las personas con discapacidad, se desentiende de los gastos adicionales que deben afrontar y atenta de modo directo contra su autonomía financiera y su derecho a la vida independiente.
Además, denuncian la implementación de un proceso de auditoría sin garantías de accesibilidad ni apoyos que permitan a las personas convocadas ejercer su derecho de defensa. Las evaluaciones no solo se están desarrollando en base a una norma inconstitucional, sino que las condiciones en las que se realizan obstaculizan el cumplimiento de las citaciones, la comprensión del proceso, la presentación de la documentación requerida y la posibilidad de efectuar descargos.
Asimismo, señalan que ni las reformas normativas ni el diseño del proceso de auditoría fueron precedidos de un proceso de consulta a las personas con discapacidad y a las organizaciones que las representan conforme lo ordena el artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Esta situación pone en riesgo el cobro de la pensión, que -a pesar de su escaso monto- permite a las personas con discapacidad cubrir algunas de sus necesidades básicas y acceder a la cobertura médica del Programa “Incluir Salud”.
Frente a este escenario, solicitan al Comité que inste al Estado argentino a proporcionar información detallada y documentada sobre los resultados del proceso de auditoría; que exhorte a derogar el Decreto 843/24 y a adecuar su normativa al enfoque de derechos humanos; que requiera la suspensión de las auditorías hasta que se garantice un procedimiento accesible y respetuoso de los derechos de las personas con discapacidad; que asegure la participación efectiva de este grupo en toda reforma legal, política pública o procedimiento que lo afecte; y que exija la adopción de medidas urgentes para proteger su derecho a la protección social.
Las asociaciones firmantes son las siguientes:
-Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)
-Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI)
-Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Ambliopes (FAICA)
-Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA)
-Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
-Amnistía Internacional
-Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH)
-Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos de Córdoba
-Red de Asistencia Legal y Social (RALS)
-Asociación Civil Andar.
