Un testimonio recogido por Red 23 revela una grave situación que involucra a altos mandos de la Armada Argentina en Tierra del Fuego. Según la denuncia, en la Base Naval Ushuaia y el Batallón de Infantería de Marina N°4 se estaría llevando adelante un esquema sistemático de abuso de poder y corrupción que afecta a los ingresantes de tropa voluntaria. Los jóvenes, convocados con la promesa de estabilidad laboral y formación dentro de la fuerza, estarían siendo coaccionados para comprar uniformes a precios inflados bajo amenaza de sanciones y hasta expulsión.

La promesa y la trampa
En 2024, la Armada Argentina lanzó en Ushuaia una de sus primeras convocatorias zonales para incorporar “Marineros Tropa Voluntaria”. A nivel público, la propuesta fue presentada como una puerta de acceso a un empleo estatal estable, con beneficios como obra social y vacaciones pagas. Pero lo que se vivió “barrera adentro”, como describe la fuente, fue muy distinto.

«Necesitamos gente para que haga guardia, corte pasto y pinte», habrían dicho textualmente desde la comandancia, desestimando cualquier rol de formación o carrera militar para los ingresantes. “Que se compren sus overoles o uniformes de fajina ellos mismos”, fue otra de las frases que marcaron el comienzo del conflicto.

Un “negocio” armado desde dentro
Según el testimonio, cuando los postulantes comenzaron su proceso de formación, fueron informados que deberían costear de su propio bolsillo los uniformes obligatorios. Lejos de permitirles adquirirlos libremente o a través de los canales oficiales, se les impuso una única opción: comprarlos a un proveedor específico, supuestamente “gestionado” por la misma base. La condición: pagar el total en efectivo, en una sola cuota, tras el primer sueldo, y firmar un pagaré en blanco como garantía.

“Si no compran estos uniformes, van a ser sancionados o dados de baja”, fue la advertencia que recibieron, según el relato, jóvenes sin formación previa en la estructura militar y con alta vulnerabilidad económica.

Lo más grave es que la provisión inicial de vestimenta está contemplada como un derecho en la normativa interna de la Armada, que establece que el uniforme debe entregarse “sin cargo” y “por única vez” a los nuevos integrantes, tanto para uso general como para zona fría, que incluye a Tierra del Fuego.

Uniformes con sobreprecio y sin control
El escándalo crece al analizar los costos: mientras un conjunto reglamentario completo adquirido en comercios locales ronda los 410 mil pesos, los uniformes obligatorios gestionados por la base ascienden a más de 800 mil pesos. Esto incluye prendas innecesarias o fuera del reglamento, como “remera de deporte”, “campera polar azul” o “sudadera”, además de versiones no oficiales de la campera de abrigo.

El cálculo es alarmante: un excedente de aproximadamente 400 mil pesos por uniforme, que multiplicado por los 80 ingresantes de la última camada representaría más de 32 millones de pesos en maniobras irregulares.

“La entrega de los uniformes se hace dentro del BIM 4 con el conocimiento y consentimiento del comandante, donde un Suboficial Primero Infante de Marina les hace firmar un pagaré en blanco”, detalla el denunciante. Lo más grave es que el pago se realiza en una dirección privada, fuera de la base, sin factura ni comprobante. El jueves 5 de junio, los voluntarios fueron citados a las 9 de la mañana a un “alojamiento temporal”, vestidos de civil, para hacer efectivo el pago en efectivo.

¿Un esquema extendido?
La fuente alerta que esta práctica no sería un caso aislado. “Estas incorporaciones zonales se están realizando en diversas localidades donde la Armada cuenta con destinos operativos”, advierte, y se pregunta si este mecanismo de corrupción no se repite en otras bases del país. También señala que los propios jefes y oficiales sí pueden elegir libremente dónde comprar sus uniformes, accediendo a mejores precios, lo que evidencia un doble estándar.

“¿Por qué no se instruyó a los voluntarios a realizar la compra a través de la página oficial de suministros de la Armada Argentina, que es el único medio autorizado?”, cuestiona el testimonio.

Pedido de investigación
Lo revelado en este caso demanda una urgente intervención del Ministerio de Defensa y de las autoridades de control interno de la Armada Argentina. No se trata sólo de un posible delito económico, sino de un abuso de poder contra jóvenes que ingresan a la fuerza buscando un futuro mejor.

El silencio institucional hasta el momento, sumado a las pruebas aportadas –pagos sin recibo, pagarés en blanco, amenazas, testimonios– conforman un panorama inquietante que pone en jaque la credibilidad y los valores que dice defender la institución.

“Hace no mucho tiempo atrás arengaban a los recién egresados a ‘seguir y cultivar los firmes valores que distinguen a esta gloriosa institución’. ¿Dónde están esos valores ahora?”, concluye con amargura la fuente.

Red 23