La decisión impactará de lleno en millones de usuarios y, especialmente, en la Patagonia, donde el consumo de gas no es un lujo sino una necesidad vital.

Fin de la segmentación: un solo esquema, menos cobertura

Desde 2022, los hogares estaban divididos en tres categorías:

• N1 (altos ingresos)
• N2 (bajos ingresos)
• N3 (ingresos medios)

Con la nueva normativa, ese modelo queda sin efecto. Ahora habrá una única categoría de asistencia estatal, destinada exclusivamente a quienes cumplan criterios más estrictos de vulnerabilidad.

En los hechos, la eliminación de la segmentación implica que una amplia franja de sectores medios perderá parte o la totalidad de los subsidios que amortiguaban el impacto tarifario.

Adiós a la Tarifa Social

Uno de los puntos más sensibles es la derogación de la Tarifa Social Federal de Gas, el programa que garantizaba bonificaciones automáticas a jubilados con haberes mínimos, beneficiarios de programas sociales, personas con discapacidad y trabajadores del monotributo social.

Ese esquema incluía:

• Bloques de consumo subsidiado.
• Descuentos totales o parciales en el precio del gas y el transporte.
• Reducciones en cargos fijos.

Con la nueva resolución, todos esos beneficios quedan absorbidos bajo el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), con criterios que aún deberán reglamentarse en detalle.

Patagonia: el impacto será mayor

En provincias como Tierra del Fuego, Santa Cruz o Chubut, donde las temperaturas extremas obligan a un consumo elevado durante gran parte del año, el gas no es un servicio más: es calefacción, agua caliente y calidad de vida.

La eliminación de beneficios generalizados y el endurecimiento del acceso a subsidios podría traducirse en facturas sensiblemente más altas para una porción importante de la población.

La medida también alcanza a usuarios de gas licuado de petróleo (GLP) por redes y a quienes utilizan garrafas de 10 kilos o propano distribuido, ampliando el universo afectado.

Un cambio estructural en nombre del ajuste

Desde el Gobierno sostienen que el nuevo esquema busca “ordenar” y focalizar la asistencia estatal, reduciendo el gasto en subsidios y avanzando hacia un sistema más “eficiente”.

Sin embargo, el trasfondo es claro: menos subsidios, mayor traslado de costos a los usuarios y un Estado que se retira progresivamente del sostenimiento tarifario.

La discusión de fondo vuelve a instalarse: ¿es el acceso a la energía un derecho social o un bien de mercado? Con esta decisión, el Ejecutivo da un paso más hacia un modelo donde el criterio fiscal prima por sobre la universalidad del acceso.

Mientras tanto, millones de argentinos -y especialmente los hogares patagónicos- esperan el próximo vencimiento de factura con una certeza inquietante: el invierno llegará, pero el subsidio ya no estará garantizado.

Red23