La red de familias agentinas autoconvocadas “VacunaMe, Chicos en Riesgo”, solicita a las autoridades del gobierno nacional que “arbitre los medios necesarios y modificaciones legales de la Ley 27.753” para la adquisición de la vacuna del laboratorio Pfizer contra el Covid-19 para inocular a los menores de edad, de entre 12 a 18 años, con discapacidades y comorbilidades, por ser la única vacuna aprobada y probada en el mundo para este rango etario.
“El pedido surge como una demanda urgente e impostergable para las familias cuyos niños presentan diversas discapacidades y patologías de base y apunta a visibilizar la postergación de este grupo etario, quienes forman parte de la población de altísimo riesgo pero quienes, hasta el momento, no han sido contemplados en Plan Estratégico de Vacunación de los distintos gobiernos nacionales y provinciales”, señalaron a través de un comunicado difundido este miércoles.
Asimismo, explicaron que “la problemática que atraviesan las familias es compleja dado que las restricciones impuestas por la emergencia sanitaria desde hace un año y medio, impidieron además que miles de niños de todos el país continuaran sus terapias y rutinas, como la asistencia a los centros de día o centros de rehabilitación, claves para el desarrollo pleno de estos niños”.
“Necesitamos vacunar a nuestros hijos, apelamos a las autoridades nacionales para que diseñen un mecanismo urgente que permita el ingreso de la vacuna Pfizer porque este vacío y falta de solidaridad es una violación a los derechos humanos”, explicó Francisco Da Giau, papá de Milagros, quien presentó el primer recurso de amparo en la justicia contra el Poder Ejecutivo Nacional.
“El Estado debe garantizar la vida, la salud y el trato igualitario de nuestros hijos que hoy están excluidos del plan de vacunación por lo exigimos que esta situación se revierta en lo inmediato”, agregó Da Giau, miembro integrante de la Red de Padres VacunaMe.
“La entidad que agrupa a los padres que luchan por el acceso a la vacuna Pfizer no responde a ningún interés político, ideológico ni económico; es simplemente el reclamo de un derecho para acceder a la única vacuna que fue probada en menores de edad y que se encuentra aprobada para su aplicación por los principales organismos del mundo”, aclararon.
En Argentina la vacuna está aprobada por ANMAT pero solo a partir de los 16 años “por lo que nuestra lucha contempla además que esta cláusula sea revisada y que se autorice su aplicación a partir de los 12 años como lo están haciendo en países, tales como Brasil, Estados Unidos, Uruguay y Chile, entre otros”, cuenta Carlos Merlo, integrante de la Red VacuneME.
