La Ley 19.640 nació con una visión de desarrollo federal, poblacional y estratégico. Sustituyó un régimen anterior y buscó estimular la radicación de personas, el crecimiento industrial y el fortalecimiento de la soberanía nacional en un territorio clave. A partir de su implementación, Tierra del Fuego se convirtió en un motor de la industria tecnológica, con fábricas de celulares, televisores, electrodomésticos y más, empleando a miles de trabajadores fueguinos.
Pero hoy, a 53 años de su sanción, la Ley se encuentra amenazada por las medidas del Gobierno Nacional, como la reciente eliminación de aranceles a la importación de productos electrónicos. Esta decisión, lejos de modernizar la economía, pone en jaque al modelo de desarrollo que sostiene la vida y el trabajo en la isla, generando un fuerte repudio por parte de trabajadores, sindicatos, el Municipio de Río Grande y amplios sectores sociales.
“No es fácil vivir en Tierra del Fuego, pero lo hacemos con orgullo”, expresan referentes locales, quienes recuerdan que la 19.640 no fue un beneficio, sino una herramienta de Estado para sostener soberanía y presencia en el sur del país.
Hoy, la historia vuelve a ocupar un lugar central en la agenda política y social de la provincia. Desde la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) hasta autoridades como la secretaria de Género y Desarrollo Comunitario de Río Grande, Ivana Ybars, remarcan que el régimen industrial fueguino no es negociable. Es el resultado de décadas de esfuerzo, arraigo y defensa territorial.
“El ajuste nacional no solo amenaza a las fábricas, también golpea al comercio, los servicios, la educación y la salud”, se advierte. Por eso, en este nuevo aniversario, no solo se recuerda la ley: se ratifica su defensa. Porque defender la 19.640 es defender el derecho a vivir y trabajar en Tierra del Fuego.
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