Más allá de los números la cuestión se ubica en el centro de la disputa histórica entre federalismo y centralismo. Para lograr una coparticipación equitativa, es necesario generar el desarrollo regional, sobre todo en aquellas regiones que han sido perjudicadas históricamente por la lógica del puerto. La historia ha sido contada varias veces y tiene múltiples protagonistas. Basta citar la proclama de 1968 de Felipe Varela, donde explica por qué se sublevó contra el gobierno de Mitre.
“Buenos Aires, a título de Capital es la provincia única que ha gozado del enorme producto del país entero, mientras en los demás pueblos, pobres y arruinados, se hacía imposible el buen quicio de las administraciones provinciales, por falta de recursos y por la pequeñez de sus entradas municipales para subvenir los gastos indispensables de su gobierno local”.
Y, entre otras observaciones, apunta: “A la vez, que los pueblos gemían en esta miseria sin poder dar un paso por la vía del progreso (…) la orgullosa Buenos Aires botaba ingentes sumas en embellecer sus paseos públicos, en construir teatros, en erigir estatuas y en elementos de puro lujo”.
El aumento del porcentaje de coparticipación con que Macri favoreció a CABA, forma parte de la base ideológica del PRO. Como si fuera un reproche directo a Felipe Varela, aparecen aquellas frases del exministro de Hacienda macrista Alfonso Prat-Gay: “Somos un país de 40 millones que cada diez años nos dejamos cooptar por un caudillo que viene del norte o del sur, no importa de dónde viene, pero de provincias de muy pocos habitantes (…) no vaya ser que en 2020 estemos hablando de fulano de tal que vino no sé… de Santiago del Estero, que no lo conocíamos, apareció de la nada y resulta que se quedó con todo el poder”.
En esta matriz histórica de la conformación del poder político y económico, está una de las variables del porqué muchas provincias, sobre todo las del norte, dependen de las transferencias del Gobierno Nacional y les ha sido difícil salir de esa lógica, en tanto que el federalismo en muchas instancias ha sido más un anhelo, en otras un gesto, o un pretexto, pero en pocas ocasiones una práctica concreta.
Tal vez uno de las acciones más federales que se han dado bajo el gobierno de Alberto Fernández, fue la conformación del Consejo Regional del Norte Grande, donde participan 10 provincias: Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero, Tucumán.
Con excepción de Jujuy, Salta, y Corrientes, fueron los gobernadores del Norte Grande quienes aportaron la mitad de las firmas del documento que emitió el Gobierno Nacional repudiando el fallo de la Corte.
Entre los objetivos que plantea el Norte Grande se encuentra el desarrollo “en materia de logística integrada, red vial urbana y rural, agua potable y cloacas, viviendas, fibra óptica, conectividad, energía urbana y rural, desarrollo económico e inversiones”, entre otros.
La agenda es larga, pero una de las demandas en la que más han insistido los gobernadores, son en las asimetrías de los subsidios energía y transporte. Además debe señalarse el impulso que se le ha dado al proyecto del Corredor Ferroviario Bioceánico, para conectar la región con una salida rápida a los puertos asiáticos a través del Paso de San Francisco a Chile. La justificación para este proyecto de gran escala también forma parte de la matriz comercial que impuso el puerto: las provincias del Norte teniendo los puertos de Chile más cerca, se ven obligadas a encarecer sus costos para exportar por los puertos de Rosario y Buenos Aires.
Es importante incluir en este contexto la tensión que se creó este año entre las provincias de la Mesa del Litio (Catamarca, Salta y Jujuy) y Nación por la gestión del mineral estratégico y del cual Argentina posee gran parte de las reservas del mundo concentrada en estas provincias. Finalmente las partes llegaron a un acuerdo, cuyo sello fue la incorporación de Y-TEC YPF a la Mesa Regional del Litio.
Así las cosas, se aviva una disputa que forma parte de la gestación del Estado Argentino, y es lógico que los gobernadores del Norte vean en el contexto actual una oportunidad para empoderar la región.
Proyectos de Capitales
En 1987 el Congreso de la Nación declaró como Ley 23512 el llamado Proyecto Patagonia, que disponía el traslado de la Capital el área de las ciudades de Viedma, Carmen de Patagones y Guardia Mitre. Entre los factores que hicieron fracasar el proyecto lo analistas comentan la caída del austral y la crisis económica de los 90, pero también el lobby en contra. Años después Menem derogó la comisión encargada de llevar adelante el proyecto, que planificaba su concreción para principio de este siglo. Sin embargo, en el Pacto de Olivos, Alfonsín logró que la Reforma de la Constitución dejara abierta la posibilidad del traslado del centro político.
La idea se ha sostenido, formó parte de las propuestas de Adolfo Rodríguez Saá en su campaña presidencial de 2002 trasladar la Capital del país al interior.
Desde entonces con mayor o menor espacio en el tiempo no han dejado de presentarse proyectos en el Congreso de la Nación a favor de que se cumpla la ley o incluso que se derogue.
Claro, que todos estas discusiones nunca tuvieron en cuenta a la región norte como posible destino de la capital de la Argentina.
