Según las acusaciones, la familia chilena detrás del grupo turístico de lujo Explora realizó una adquisición irregular de tres estancias patagónicas de una belleza natural excepcional. Estas propiedades se encuentran en las proximidades del Parque Nacional Los Glaciares, cuentan con más de 45 km de costa junto al Lago San Martín y abarcan más de 60.000 hectáreas de naturaleza virgen, incluyendo 12.544 hectáreas de bosque nativo y la presencia de seis grandes ríos caudalosos.
Las estancias patagónicas en cuestión, conocidas como “El Cóndor”, “Melenik” y “Veranada de Jones”, anteriormente pertenecían a la empresa Cielos Patagónicos S.A. Las acusaciones sostienen que la compra se llevó a cabo utilizando un método para aparentar que el comprador era de nacionalidad argentina, lo que supuestamente burló dos leyes nacionales que prohíben la adquisición de tierras por extranjeros: la Ley de Tierras y la Ley de Zona de Frontera.
La Ley de Tierras establece que los extranjeros no pueden comprar más de mil hectáreas de tierra en territorio argentino, mientras que la Ley de Zona de Frontera prohíbe que cualquier extranjero o entidad legal adquiera tierras en áreas cercanas a las fronteras sin previa autorización del organismo competente.
La controversia en torno a esta compra se ha intensificado debido a la ubicación geográfica de las tierras en disputa. Están situadas en la región en conflicto con Chile por el Lago del Desierto y albergan el famoso Hito 62, que marca el Límite Internacional entre Argentina y Chile. Además, estas tierras están directamente en la frontera con Chile, lo que agrega un elemento geopolítico al caso.
La denuncia fue presentada por accionistas de la propia empresa Cielos Patagónicos S.A. y está siendo representada legalmente por el abogado Eduardo Barcesat. El escándalo ha revelado detalles sobre el presunto uso de estructuras legales para ocultar la nacionalidad extranjera del comprador, lo que incluye la creación de un fideicomiso llamado “Condor”. Según los documentos, el comprador aparente, Ezequiel Braun Pellegrini, actúa como fiduciario, pero Aluquina S.A., una empresa controlada en un 100% por la familia chilena, sería el beneficiario real del fideicomiso.
La compra se habría realizado por un monto cercano a los U$D 18 millones y las investigaciones en curso buscan determinar si se trata de un intento de simulación ilícita para eludir las leyes argentinas de adquisición de tierras por extranjeros.
Este escandaloso caso plantea serias preguntas sobre la integridad territorial y legalidad en la Patagonia argentina y sigue siendo objeto de una intensa investigación que podría tener implicaciones significativas para todas las partes involucradas.
