La integración del Máximo Tribunal es una decisión de alta trascendencia institucional y que, como demostraron las 7000 observaciones presentadas ante el Ministerio de Justicia, ha generado gran interés en la ciudadanía.
Esta semana se anunció públicamente que la Comisión de Acuerdos notificó a la Secretaría Parlamentaria del Senado las fechas de las audiencias públicas para los días 21 y 28 de agosto. Esta decisión se adoptó pese al pedido de 13 organizaciones de la sociedad civil de no dar inicio a dicho proceso, a efectos de no convalidar el accionar manifiestamente inconstitucional del Poder Ejecutivo nacional, que tiene la obligación de garantizar una composición diversa en materia de género en el máximo tribunal.
En este contexto, quienes suscribimos creemos necesario destacar que la participación ciudadana es un derecho humano que robustece el debate y mejora la legitimidad y la calidad de las decisiones públicas. No cabe duda de que asegurar que esta sea real aumenta la confianza pública en el proceso de selección, reduce la sospecha sobre la eventual existencia de “acuerdos de poder” poco transparentes y fortalece la rendición de cuentas por parte de quienes nos representan.
Si bien el reglamento del Senado permite que la ciudadanía presente preguntas a los candidatos, los criterios para seleccionar cuáles se formulan efectivamente no son claros. En este sentido, debe tenerse presente que las audiencias públicas en el Senado pueden convertirse en actos puramente formales, que no permitan una discusión real sobre los antecedentes, la idoneidad, la independencia de los postulantes ni sobre su compromiso con los valores democráticos y los derechos humanos.
Por eso, en una nota enviada a los senadores y las senadoras de la Nación, las organizaciones firmantes solicitamos que la Comisión de Acuerdos garantice la participación directa de la ciudadanía en las audiencias públicas, que se expliciten los criterios para la presentación y selección de preguntas y que se hagan públicas todas las observaciones ciudadanas y los descargos de los candidatos.
El Senado tiene en sus manos una decisión que impactará en la calidad institucional por las próximas dos décadas. El modo de llegar a ella, entonces, no puede sino ser público, participativo y transparente.
Organizaciones firmantes
Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)
Amnistía Internacional
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA)
Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)
Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP)
Poder Ciudadano
Unión de Usuarios y Consumidores
