En primer término, el secretario de Legal y Técnica, Dr. Alexis Solís, explicó que la decisión judicial no implica una sentencia definitiva ni un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, sino que se limita exclusivamente al rechazo de una medida cautelar, entendiendo el Tribunal que la cuestión requiere un análisis jurídico profundo que no puede resolverse en una instancia preliminar.
En este sentido, se aclaró que no existe una derrota judicial ni un aval a las ordenanzas cuestionadas, ya que el propio fallo señala que el tema continúa en debate y pendiente de resolución de fondo.
Asimismo, desde el área legal se remarcó un hecho central que forma parte del expediente judicial: los artículos cuestionados de las Ordenanzas N° 633 y N° 673 ya no se encuentran vigentes. Esta situación no surge de una interpretación política, sino del propio accionar posterior del Concejo Deliberante.
Tal como se informó al Superior Tribunal de Justicia mediante la presentación de hechos nuevos, el Concejo decidió abandonar el mecanismo previsto en esas ordenanzas y sancionar posteriormente las Ordenanzas N° 686/2025 y N° 691/2025, que establecen un procedimiento completamente distinto para la modificación del presupuesto. Estas nuevas normas disponen que cualquier modificación presupuestaria debe realizarse a través de una ordenanza específica, con intervención formal del Concejo Deliberante y respetando lo establecido por la Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley de Contabilidad.
Este cambio normativo demuestra que no existe ningún sistema automático ni permanente de ampliación presupuestaria, como se pretendía sostener con las ordenanzas anteriores. Desde la Secretaría de Legal y Técnica se señaló que cuando una norma es válida y compatible con el orden jurídico, se mantiene en el tiempo; cuando no lo es, se la reemplaza. En este caso, la sanción de nuevas ordenanzas constituye un reconocimiento fáctico de que los artículos cuestionados no eran operativos ni compatibles con el sistema legal vigente.
Finalmente, se reiteró que el rechazo de la medida cautelar no convalida la postura del Concejo Deliberante ni cuestiona el accionar del Ejecutivo Municipal, sino que deja expresamente abierto el debate jurídico, el cual deberá resolverse mediante un análisis de fondo por parte del Tribunal.
Desde el Municipio de Tolhuin se reafirmó que el proceso judicial continúa en curso y que existen hechos concretos que demuestran que las normas impugnadas se encuentran en crisis y han sido superadas por decisiones posteriores del propio Concejo Deliberante, quedando pendiente la definición definitiva por parte de la Justicia.
