El Gobierno nacional oficializó un cambio de fondo en la gestión de rutas nacionales al habilitar a nueve provincias —Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan y tres patagónicas— a otorgar concesiones de obra pública por peaje en tramos bajo jurisdicción federal.
La medida, establecida a través del decreto 253 publicado en el Boletín Oficial, entrará en vigencia este sábado 18.
TRES PROVINCIAS PATAGÓNICAS FUERON HABILITADAS PARA COBRAR PEAJES
Aunque el alcance es federal, el impacto en la Patagonia aparece como uno de los puntos más relevantes, ya que Río Negro, Neuquén y Santa Cruz podrán asumir un rol directo en corredores estratégicos atravesados por el transporte de hidrocarburos, la actividad minera, el turismo y la logística regional.
El nuevo esquema no implica la transferencia de las rutas: el Estado nacional conservará la titularidad y la jurisdicción, además de la posibilidad de retomar la gestión en caso de incumplimientos o por razones de interés público.
En la región patagónica, donde las distancias son largas y las condiciones climáticas suelen deteriorar rápidamente la infraestructura vial, la posibilidad de que las provincias gestionen de manera directa los corredores abre un nuevo escenario.
Río Negro y Neuquén concentran rutas clave para la producción energética, especialmente vinculadas a Vaca Muerta, mientras que Santa Cruz cuenta con extensos trazados utilizados por el transporte de cargas, la actividad petrolera y la conexión entre localidades alejadas.
Con esta habilitación, las provincias podrán definir prioridades de obra, establecer esquemas de mantenimiento más ágiles y diseñar concesiones adaptadas a las particularidades regionales. Esto incluye la posibilidad de fijar tarifas de peaje, plazos contractuales —de hasta 30 años— y condiciones técnicas específicas.
Sin embargo, para avanzar deberán firmar convenios con la Dirección Nacional de Vialidad, presentar planes de inversión, detallar el esquema de financiamiento y obtener la aprobación de la Secretaría de Transporte.
Además, tendrán un plazo máximo de un año para iniciar los procesos de licitación. De no cumplir con los tiempos establecidos, la delegación perderá vigencia.
CONDICIONES ESTRICTAS Y CONTROL NACIONAL
El decreto establece una serie de condiciones para evitar desvíos en la administración de los recursos. Entre los puntos más destacados, se indica que los fondos obtenidos por el cobro de peajes deberán destinarse exclusivamente al tramo concesionado, sin posibilidad de financiar otras obras, incluso si están vinculadas.
También se aclara que las facultades otorgadas a las provincias son de carácter “funcional, limitado, temporal y revocable”, lo que garantiza que el control último seguirá en manos del Estado nacional.
En paralelo, las jurisdicciones podrán llevar adelante todo el proceso licitatorio: desde la elaboración de pliegos hasta la adjudicación y firma de contratos con los concesionarios.
Aunque la medida alcanza a nueve provincias en total, el foco en la Patagonia se vuelve clave por el peso estratégico de sus rutas en la economía nacional. La mejora en la conectividad y el mantenimiento de estos corredores podría tener impacto directo en sectores como la energía, la minería y el turismo, en una región donde la infraestructura vial resulta determinante para el desarrollo.
ADN SUR
