El Poder Ejecutivo Nacional publicó ayer el decreto 408/2025, mediante el cual se eliminan varios programas agropecuarios que fueron considerados obsoletos, como parte del proceso de reorganización del Estado dispuesto por la Ley 27.742. La medida alcanza al Régimen de Promoción de la Ganadería Ovina y de Llamas (Ley 25.422), al de la Actividad Caprina (Ley 26.141), al de Ganadería Bovina en Zonas Áridas (Ley 27.066), al Programa de Producción de Búfalos (Ley 27.076) y sus respectivos organismos asociados.
Según detalla el decreto, estos regímenes beneficiaban a un porcentaje ínfimo del universo de productores, con estructuras administrativas que resultaban costosas e ineficientes. A modo de ejemplo, en 2023 el programa ovino alcanzó apenas a 261 productores sobre un total estimado de 130.000. Al respecto, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, expresó que “es evidente que el costo de la burocracia largamente excedía lo repartido”.
Según indicaron desde el gobierno, esta normativa, impulsada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, busca optimizar la gestión pública y reducir la intervención estatal en el sector agropecuario. La medida también responde a un enfoque general de desburocratización. “Con el presidente Javier Milei estamos empeñados en desarmar este sistema de destrucción recíproca y cambiarlo por uno con reglas simples e iguales para todos”, expresó Sturzenegger.
Respecto al régimen de la ganadería ovina y de llamas (Ley Nº 25.422) fue implementado en el 2001, luego prorrogado en diversas oportunidades y funcionaba con un esquema de financiamiento basado en Aportes Reintegrables y No Reintegrables. “Ya no se considera propicio ni tampoco eficiente. Hoy se busca generar líneas de crédito y financiamiento desde el sector privado y no recurrir a esquemas de subsidios públicos” indicaron desde el gobierno.
Además destacaron que el mencionado régimen “no generó impacto en el incremento de las existencias ovinas, dado que desde la aprobación de la ley hasta la actualidad hubo una disminución del stock de 13.029.000 cabezas en el 2001 a 11.967.429 en el 2025”.
Por último fundamentaron que “la vigencia simultánea de regímenes específicos por especie animal -como los destinados a la ganadería ovina, caprina bovina y/o bubalina-, contribuyó a una fragmentación innecesaria de la política agropecuaria. Este abordaje disperso dificultó la construcción de una estrategia ganadera con visión integral y limitó la generación de sinergias entre sectores productivos complementarios”.
El decreto también establece que el Estado cumplirá con los compromisos asumidos mientras estos programas estuvieron vigentes, y notifica a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso. La norma ya rige desde su publicación en el Boletín Oficial.
