El presidente de la Dirección Provincial de Puertos (DPP), Roberto Murcia, rechazó enérgicamente la intervención del puerto de Ushuaia dispuesta por el Gobierno Nacional, denunciando que la medida constituye “un acto carente de coherencia jurídica y técnica”.

“La resolución emitida por la autoridad nacional revela una contradicción insostenible y un claro propósito de forzar una intervención administrativa sin fundamento real”, afirmó Murcia. “En primer término, se ordena la suspensión de la habilitación del Puerto y su intervención en la gestión operativa, técnica y administrativa. Sin embargo, en su artículo 3, la misma resolución suspende la sanción de inhabilitación ‘para no afectar la operatoria portuaria’. Esta incongruencia expone la verdadera intención: no se actúa por razones de seguridad o infraestructura, sino que se utiliza la amenaza de inhabilitación como herramienta de presión para justificar una intervención arbitraria”.

Murcia destacó que, de existir verdaderas falencias edilicias o de seguridad, la medida lógica y responsable sería la inhabilitación inmediata para garantizar la integridad de las operaciones. “Pero aquí ocurre lo contrario: primero se anuncia la inhabilitación para intervenir, y una vez consumada la intervención, se vuelve a permitir la operación. Esto no es más que un artilugio legal para disfrazar una medida contra una instalación que funciona con normalidad y excelencia”.

El titular portuario remarcó que el puerto de Ushuaia opera con total normalidad, registrando récords de recaladas y cumpliendo con los estándares internacionales más exigentes. “Las principales navieras y líneas de cruceros del mundo eligen Ushuaia porque confían en nuestros estándares de seguridad y servicio. Si hubiera riesgos reales, estas empresas no operarían aquí. La resolución nacional no solo desconoce la realidad, sino que incurre en una extorsión institucional inaceptable”.

Finalmente, Murcia confirmó que “desde la Dirección Provincial de Puertos junto con el Gobierno de la provincia, llevaremos adelante todas las acciones administrativas y jurídicas necesarias para revertir esta medida que atenta contra la autonomía provincial y el desarrollo económico de Tierra del Fuego. No permitiremos que se utilicen falsos pretextos técnicos como cobertura para una intervención arbitraria y extorsiva”.