La mesa política del Gobierno se reunió en la Casa Rosada para definir la estrategia legislativa y coordinar la presentación del informe de gestión que Manuel Adorni dará en la Cámara de Diputados, en plena polémica por su situación judicial.

El encuentro, que se extendió por unas dos horas, tuvo como eje principal la presentación del jefe de Gabinete en el Congreso. Según trascendió, el oficialismo buscará mostrar un fuerte respaldo político con la presencia del presidente Javier Milei, la secretaria general Karina Milei y parte del Gabinete, entre ellos Federico Sturzenegger, Alejandra Monteoliva y Sandra Pettovello.

Adorni deberá responder unas 2100 preguntas, seleccionadas entre más de 4000, de las cuales al menos 66 están vinculadas directamente a la causa judicial que lo investiga. Será, además, su primera aparición pública desde su última conferencia de prensa en Casa Rosada, hace aproximadamente un mes.

Desde el oficialismo señalaron que la estrategia fue diseñada con el asesoramiento de Santiago Caputo, mientras que la Secretaría de Legal y Técnica colaboró en la elaboración de las respuestas vinculadas a la gestión. En paralelo, la bancada de La Libertad Avanza anticipa una defensa activa del jefe de Gabinete, en un clima que se prevé tenso dentro del recinto.

Más allá de la presentación del informe de gestión, la reunión también abordó el estado de la agenda legislativa. Entre los proyectos prioritarios aparece la reforma electoral impulsada por el Gobierno, que incluye la eliminación de las PASO, la iniciativa de Ficha Limpia y cambios en el financiamiento de los partidos políticos.

En el oficialismo reconocen que su aprobación será compleja, debido a resistencias tanto en la oposición como en bloques aliados. Ante ese escenario, no se descarta avanzar con alternativas, como una eventual suspensión de las primarias, en caso de no reunir los votos necesarios para una modificación estructural del sistema.

El Gobierno también enfrenta otros frentes legislativos sensibles, como la implementación de la ley de financiamiento universitario y la normativa sobre discapacidad. En ambos casos, el Ejecutivo apeló fallos judiciales que lo obligaban a aplicar las leyes sancionadas, mientras impulsa proyectos propios para modificar su impacto fiscal.

En este contexto, en la Casa Rosada reconocen dificultades para construir mayorías en el Congreso y evalúan priorizar iniciativas de menor conflictividad, como la denominada «Ley Hojarasca», orientada a derogar normas consideradas obsoletas, y proyectos vinculados a la protección de la propiedad privada, además de avanzar con pliegos judiciales pendientes en el Senado.