El proyecto —que el Gobierno nacional presentará en las próximas semanas para su discusión parlamentaria— se enmarca en la estrategia de “modernización y libertad económica”. Busca adaptar la legislación laboral a los nuevos contextos productivos y a las demandas del mercado, promoviendo un sistema más flexible, digital y transparente.

Entre los principales ejes, se destaca la flexibilización de modalidades laborales, que permitirá a las empresas modificar formas y modalidades del trabajo sin afectar derechos esenciales del trabajador. Además, se incorporan mecanismos más ágiles para sanciones disciplinarias, la digitalización de recibos y documentación, y la creación de un registro nacional de médicos laborales para controlar licencias por enfermedad.

Otro punto central es la introducción del “banco de horas”, una herramienta que permitirá ajustar jornadas laborales según las necesidades de cada actividad mediante acuerdos colectivos, además de vacaciones fraccionadas y más flexibles. También se limita la tasa de interés en litigios laborales a inflación más un 3% anual, con el fin de reducir los costos judiciales para las empresas.

En materia productiva, la iniciativa crea el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), que otorga beneficios fiscales, amortización acelerada y devolución anticipada del IVA para inversiones de entre USD 150.000 y USD 30 millones. El propósito es estimular la producción nacional, las exportaciones y el empleo privado registrado.

Asimismo, el proyecto establece bonos de crédito fiscal para quienes incorporen nuevos empleados durante los primeros 18 meses de vigencia: 100% de exención en contribuciones patronales para microempresas, 75% para pequeñas, 50% para medianas y 25% para grandes compañías. Los beneficiarios de planes sociales que accedan a un empleo formal podrán mantener su plan hasta 13 meses, en un intento por fomentar la transición del asistencialismo al trabajo genuino.

También se propone un nuevo régimen de prenda digital, que reemplazará normativas de más de 70 años, permitiendo la constitución y ejecución electrónica de garantías sobre bienes muebles y productivos, con el fin de facilitar el crédito y la actividad económica.

En síntesis, el proyecto se presenta como una apuesta integral por la generación de trabajo formal, la simplificación administrativa y la atracción de inversiones productivas, pilares que el oficialismo considera esenciales para consolidar un nuevo ciclo de crecimiento económico sustentable.

Con un sector industrial cuyo uso de la capacidad instalada llega al 50%, ¿quién saldrá beneficiado con la flexibilización de las normas laborales? La respuesta es obvia: avanzará la transferencia hacia los dueños del capital. ¿Y para los trabajadores? A tomarse las vacaciones cuando decida el patrón y no en el período que va de octubre a abril. En nombre de una falaz libertad, que parezca decisión de los trabajadores.

El programa económico oficial apuntó a la destrucción del mercado interno, bajó salarios de hecho (al licuarle su poder adquisitivo) y profundizó el endeudamiento de las familias (proceso que ya se había iniciado con la gestión de Sergio Massa como ministro plenipotenciado del Frente de Todos). El consumo de las familias, cae. Una reforma laboral en este escenario consolidará un modelo de pauperización social. ¿Y el empleo de calidad? Bien, gracias.

De acuerdo a un documento del Programa de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo (CETyD) de la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín, los mercados de trabajo más flexibles no son los que generan más empleo, son los más inestables. Promueven relaciones laborales a corto plazo, con altos niveles de rotación y con altos niveles de imprevisibilidad para los trabajadores.