El asesinato del cabo de policía Mauricio Miñarro, ocurrido el pasado 30 de diciembre en la base de la Infantería Argentina, en la Unidad Regional II de Eldorado, provincia de Misiones, parece tomar un giro distinto a las primeras hipótesis arrojadas por los investigadores.

La teoría de la participación de un grupo armado de origen paraguayo -se llegó a especular incluso con el Primer Comando Capital (PCC)- parece estar descartada, al menos según las declaraciones públicas de algunas autoridades, como el ministro de Gobierno de Misiones, Marcelo Pérez, quien lo desmintió categóricamente.

Mientras la jueza María Laura Rodríguez habló de una posible participación de un grupo delictivo que pretendía robar una avioneta y el jefe de la Policía Sandro Martínez, en declaraciones a medios locales dijo que vinculó el crimen a «cuestiones domésticas».

Aunque fuentes de la Policía paraguaya no se animaron a descarar la participación de grupos criminales paraguayos que operan en la zona de frontera, desconfiaron de los elementos de convicción dados a conocer por los medios de Misiones.

Los investigadores argentinos consideran «endebles» los elementos de un presunto intento de robo de la avioneta y apuntan más bien a una interna dentro de la propia Policía, reforzada por el pase a disponibilidad del subcomisario Ricardo Andrés Arrúa, jefe del agente asesinado hasta el día del crimen, y a quien su sus superiores le detectaron irregularidades en el departamento a su cargo.

Otros elementos del caso, como la autopsia del cuerpo, también arrojan dudas sobre la hipótesis del ataque comando. Según el examen médico, Miñarro solo tenía dos lesiones de proyectil de arma de fuego, uno que le rozó un brazo y otro que impactó en el pecho y que le causó la muerte. Aunque hasta hace días no se había podido establecer con precisión el tipo de munición utilizada, los investigadores se inclinaban a un calibre menor coincidente con su propia arma reglamentaria. Esta no fue encontrada en la escena del crimen.

Las primeras hipótesis dadas a medios argentinos, entre las que se hablaba de la participación de la banda narco de origen paraguayo, liderada por Rodrigo Leonel Centurión, alias «Chela», había surgido principalmente luego de que miembros de esta organización habrían ingresado ilegalmente y armados a territorio argentino el 20 de diciembre, según pudo detectar la Gendarmería de ese país, tras la denuncia de vecinos de la zona de Iguazú.

A esto se había sumado además el tipo de armas que habrían desaparecido de la unidad, un fusil automático ligero y dos escopetas calibre 12-70, que los investigadores habían relacionado con las organizaciones criminales como el Primer Comando da Capital (PCC), que actualmente controla el tráfico de drogas en Paraguay y que ya opera en Misiones.

De acuerdo a los medios argentinos, el PCC trafica marihuana y cocaína en esa provincia mediante el empleo de avionetas que «bombardean» estancias de la zona con pequeñas cargas que luego son recogidas por tierra y transportadas hacia los puerto de Rosario y Buenos Aires.

Investigadores paraguayos sostienen que el grupo brasileño empezó a explorar el mercado argentino con el ingreso drogas y armas y fortaleciendo su presencia en las cárceles, tras tomar como base la estructura armada en Paraguay, aprovechando también la infiltración en las autoridades de frontera.

LPO