Tras la decisión del presidente Alberto Fernández de no acatar la cautelar por la coparticipación, el legislador Federico Sciurano dijo que «la decisión de la Justicia no debería ofender a Tierra del Fuego ya que estamos en las mismas condiciones. Ambos distritos tienen definida su coparticipación por decreto, a diferencia del resto de las provincias».
«En la ley vigente se discrimina la situación de CABA y Tierra del Fuego para fijar por decreto la coparticipación. Esto hace que ambos tengamos cierta vulnerabilidad. Lo que se discute hoy en CABA mañana puede discutirse para Tierra del Fuego», afirmó Sciurano.
Sciurano explicó que «el decreto 2.456/90 fija el coeficiente de coparticipación en 0,388, primer monto que obtiene nuestra provincia. En 1999 el decreto 702 fija un nuevo valor que pasa a 0,70 para Tierra del Fuego, incorporando un piso definido por lo que se recibía en 1987. Tenemos que identificar que hay dos distritos atados a un mismo destino: depender de un decreto para definir la coparticipación. Nos podría suceder lo mismo que a la Ciudad de Buenos Aires».
«El artículo 8 de la ley 23,548 expresa que el piso que pone para la coparticipación de Tierra del Fuego y CABA es lo que se recibía en 1987. De ese monto para arriba hay discrecionalidad, que es lo que sucedió en 1999 durante la presidencia de Menem», detalló el referente radical.
«Tenemos una sensibilidad particular con este tema, porque nos podría suceder como provincia lo mismo que a Capital Federal, razón por la cual el dictamen de la Corte Suprema más que ofendernos debiera darnos tranquilidad», aseguró el Legislador.
El legislador agregó que situación que hoy atraviesa CABA puede transformarse en un búmeran. Desconocer el fallo de la Corte Suprema nos puede salir muy caro como provincia».
Respecto a la decisión del Gobierno nacional de no acatar lo expresado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación expresó que «abre un portón que lleva empezar a desconocer las leyes y la distribución de los poderes. La Corte es quien resuelve los temas entre las provincias, desconocer el mecanismo del Poder Judicial para resolver cuestiones entre distritos es de una gravedad extrema. Es un exceso que le puede salir a nuestro país demasiado caro».
