El martes 9 de junio comenzará formalmente el trabajo de la Comisión Especial Investigadora, creada en la Legislatura Provincial, sobre la instalación del radar de LeoLabs en Tolhuin.

Así lo confirmó el legislador Pablo Villegas (MPF), quien expresó que “después de muchos años de insistencia, finalmente la comisión comenzará a funcionar. Queremos trabajar con seriedad, objetividad e imparcialidad para saber qué pasó con este tema que representó una verdadera afrenta a la soberanía, a la seguridad nacional y a los intereses de Tierra del Fuego”.

La comisión está integrada por ocho legisladores: Pablo Villegas, Federico Sciurano (FORJA), Juan Carlos Pino (Partido Justicialista), Laura Colazo (Partido Verde), Matías Lapadula (Partido Grande) Gisela Dos Santos (Sumemos Tolhuin), Natalia Gracianía (La Libertad Avanza) y Raúl Von der Thusen (Somos Fueguinos).

También se sumará un integrante por el Centro de Excombatientes de Malvinas de Ushuaia y otro por el de Río Grande, quienes actuarán ad honorem con voz y sin voto.

Funcionamiento

La comisión fue creada el pasado 30 de abril y contará con un plazo inicial de 90 días hábiles, prorrogables, para llevar adelante la investigación sobre las actuaciones administrativas que permitieron el desembarco de la empresa en la provincia.

Entre sus atribuciones tendrá amplias facultades para reunir pruebas y requerir documentación vinculada al caso. Podrá solicitar informes y expedientes al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, al Tribunal de Cuentas, a la Fiscalía de Estado y a cualquier otro organismo público relacionado con el tema.

Además, la comisión podrá citar e interrogar a funcionarios y empleados públicos, convocar testigos, designar peritos especializados y disponer distintas medidas de investigación para avanzar en el esclarecimiento del proceso administrativo que derivó en la habilitación del radar.

Una vez finalizada su tarea, la Comisión Especial Investigadora elevará un informe definitivo a la Cámara Legislativa con las conclusiones alcanzadas sobre las posibles responsabilidades políticas y técnicas de los funcionarios que autorizaron, durante 2023, las operaciones de la empresa LeoLabs en Tierra del Fuego.