La propuesta establece que no podrán ser precandidatos, candidatos ni funcionarios provinciales quienes tengan una sentencia condenatoria de segunda instancia, aunque el fallo todavía no se encuentre firme. La inhabilitación alcanzaría a delitos contra la administración pública, el orden constitucional, la seguridad nacional y el sistema económico y financiero.

La restricción también comprende el fraude contra el Estado, el incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, los delitos contra la integridad sexual y el femicidio. Además, incluye las figuras contempladas en leyes especiales y tratados internacionales destinados a ombatir la corrupción.

Para controlar el cumplimiento de la norma, los partidos y las alianzas deberán presentar el certificado actualizado de antecedentes penales de cada postulante cuando soliciten la oficialización de sus listas. Si falta esa documentación, la Justicia Electoral otorgará 48 horas para completar el trámite o reemplazar al candidato. De no hacerlo, la nómina será considerada incompleta.

En caso de que una condena sea detectada después de una designación, se abrirá un procedimiento administrativo para evaluar el cese de la persona involucrada, garantizando previamente su derecho a defensa. El objetivo señalado por sus impulsores es reforzar los criterios de transparencia, integridad e idoneidad dentro de la administración provincial.

Durante el encuentro, la comisión también estudiará una iniciativa que fija nuevas condiciones para los representantes fueguinos ante organismos nacionales o dependencias situadas fuera de la provincia. Asimismo, se analizarán la adhesión a la legislación nacional sobre terapia ocupacional y la protección de un inmueble histórico ubicado en la esquina de Alberdi y Rivadavia, en Río Grande.