Este jueves se desarrolló la tercera audiencia del proceso a los cuatro exjefes de la Armada por el hundimiento del submarino ARA San Juan, que se lleva a cabo en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Río Gallegos.
El miércoles declaró Claudio Villamide, excomandante de la fuerza de submarinos a cargo del ARA San Juan cuando ocurrió la tragedia, quien admitió fallas pero aseguró que la nave “estaba en condiciones de navegar”.
Villamide, excapitán de navío, fue destituido por un consejo de guerra en 2021 y es el de mayor rango entre los acusados. El y los otros tres imputados enfrentan penas de entre 1 y 5 años, acusados por su presunta responsabilidad en el hundimiento y posterior implosión del submarino ARA San Juan, ocurrido en noviembre de 2017 y que provocó la muerte de sus 44 tripulantes.
Los imputados son el contralmirante (RE) Luis Enrique López Mazzeo (66 años), el capitán de navío (destituido) Claudio Javier Villamide (62), el capitán de navío (RE) Héctor Aníbal Alonso (61) y el capitán de fragata (RE) Hugo Miguel Correa (57), quienes llegan a juicio como presuntos autores de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte.
La hipótesis de la fiscalía y las querellas es que «no se debió a un hecho fortuito sino que fue un desenlace previsible por el estado de la unidad que hizo posible el naufragio», según se leyó el martes en el tribunal delante de los cuatro acusados.
En representación del Ministerio Público Fiscal intervienen el titular de la Unidad Fiscal Río Gallegos, el fiscal Julio Zárate; el fiscal Gastón Franco Pruzan; el fiscal a cargo de la Sede Fiscal Descentralizada Caleta Olivia, Lucas Colla; y la fiscal de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), María Andrea Garmendia Orueta.
Los hechos atribuidos
Según el requerimiento de elevación a juicio leído en la audiencia, “Luis Enrique López Mazzeo asumió la titularidad del Comando de Alistamiento y Adiestramiento de la Armada de la República Argentina en el mes de febrero de 2017. Con el objetivo de contribuir con el Plan de Adiestramiento Naval Integrado previsto para ese año, dictó la Orden de Operaciones en la que se encomendó al Submarino ARA San Juan la realización de operaciones de vigilancia y control sobre un área determinada de la plataforma continental de Argentina en el océano Atlántico. Para ese entonces, el Comandante de la Fuerza de Submarinos era Claudio Javier Villamide, quien había asumido en dicho cargo en febrero de 2017”.
En ese marco, el 25 de octubre de 2017 el submarino zarpó desde la Base Naval Mar del Plata con destino a la Base Naval Ushuaia “en condiciones técnico operativas deficientes para realizar las tareas encomendadas”. El requerimiento sostiene que, desde la finalización de su reparación de “media vida” en 2015, la unidad había presentado “numerosos desperfectos técnicos documentados por los distintos comandantes que se sucedieron en el cargo”. Si bien varios de esos inconvenientes fueron subsanados, los de mayor envergadura persistían al momento de emprender la última navegación.
De acuerdo con la acusación, durante 2017 el comandante del submarino, Pedro Martín Fernández, informó a su superior jerárquico, el imputado Villamide, sobre esas novedades, “destacándose el pedido imperioso de ingreso a dique seco realizado a un mes de haber asumido su conducción como así también el informe de los desperfectos técnicos ocurridos en la navegación del mes de julio de ese año de idénticas características a las informadas por personal del submarino momentos antes de su naufragio”.
Siempre según el requerimiento fiscal, al iniciar su última travesía “el submarino había excedido en 26 meses el intervalo reglamentario establecido entre puestas en seco para realizar las tareas de mantenimiento planificado que se encontraban previstas en el manual confeccionado por la empresa fabricante”.
“La falta de realización de las tareas de mantenimiento en dique seco —señala la acusación— se había traducido en la imposición de limitaciones operativas a la unidad que redundaban en un aumento del riesgo ínsito que conlleva la actividad submarina, en desmedro de la integridad física de sus tripulantes y del patrimonio de la Armada Argentina”. Además, la nave presentaba equipos y sistemas fuera de servicio o degradados que incidían en su seguridad para operar y navegar.
La fiscalía detalló que el 11 de noviembre de 2017, el ARA San Juan zarpó desde la Base Naval Ushuaia hacia el área de patrulla asignada y que el 14 de noviembre, entre las 22:35 y las 23:42, “se produjo un ingreso de agua de mar a través del sistema de ventilación hacia el tanque de baterías N°3, lo que ocasionó un cortocircuito y un principio de incendio en el balcón de barras de baterías”.
“Las consecuencias mediatas e inmediatas de este incidente —concluye la acusación— afectaron a la tripulación y a los sistemas del submarino de forma tal que el 15 de noviembre a las 10:51 se produjo la pérdida de plano y posterior implosión de la unidad al superar la profundidad de colapso”.
La imputación se sustenta en los cargos que los acusados ocupaban al momento de los hechos y en las funciones específicas que, según el requerimiento fiscal, incumplieron en relación con el alistamiento, mantenimiento y control operativo del Submarino ARA San Juan (SUSJ).
Para la fiscalía, con sus conductas u omisiones, cada uno de los cuatro imputados “posibilitó que se den las condiciones necesarias para elevar el riesgo permitido e indebidamente aumentar de por sí el riesgo ínsito que conlleva la actividad militar y particularmente la especialidad de submarinista, derivándose que el resultado acaecido (la muerte de 44 marinos y la pérdida de una unidad submarina) resultó consecuencia directa o al menos previsible de la violación del deber de cuidado” que pesaba sobre ellos.
