En el año 2016, la legislatura provincial, luego de años de desfinanciamiento, de no pagarle la deuda a los trabajadores y trabajadoras estatales, de utilizar sus aportes y contribuciones para financiar el gasto político y la transformación de la provincia, destruyendo a la Educación y Salud Públicas, sanciona la ley provincial nro. 1076, sumando a todo lo anterior, un nuevo ajuste para las y los trabajadores estatales.
No pagaron la primera “quiebra fraudulenta” de la caja que se produjo con la sanción de la ley provincial nro. 460, se quedaron con 208 millones de dólares de las y los trabajadores. Luego de mucha lucha de distintos sectores estatales, logramos que se nos reconozca la deuda y se establezca la ley provincial nro. 676 del año 2005 que determinaba los pagos de la deuda, pero aunque existía la ley, solamente pagaron un puñado de cuotas.
Luego, por distintos motivos, dejaron de pagarse, a pesar del esfuerzo y la militancia de la docencia la patronal, es decir, los estados provinciales pusieron la mitad de lo que les correspondía en contribuciones patronales, desfinanciando así la Caja de Previsión Social. Fue un proceso muy doloroso para las jubiladas y jubilados porque empezaron a cobrar sus haberes en cuotas. Es así que el Estado no cumplía ni con el pago que correspondía por ley, ni con el pago de las contribuciones correspondientes, generando más crisis aún a la Caja.
Sin embargo, la pauta oficial y medios acólitos al gobierno, lograron instalar en la opinión pública la idea de que en lugar de derechos, los estatales teníamos privilegios, y que la caja estaba quebraba, jamás mencionaron que, hasta el día de hoy, el Estado es su principal deudor, a la vez que es la principal deuda que tiene la provincia de Tierra del Fuego en este momento.
Podemos divisar que el Estado tiene prioridades al momento de pagar sus deudas, ya que, la deuda que contrajo Bertone de 200 millones de dólares en el 2018, a tasas usurarias de 9,8% se paga religiosamente. Sin embargo, a los estatales que financiamos el banco, que lo dotamos de liquidez y además sostenemos gran parte de la actividad de consumo local, se nos maltrata y denigra diciendo que en lugar de derechos, tenemos privilegios.
A causa del paquete de leyes sancionado por la legislatura provincial durante el gobierno de Bertone de espaldas al pueblo, hubo una gran resistencia porque la mayoría de los gremios parecían estar convencidos de que la lucha era la única posibilidad ante tal imposición y así empieza el camino de recuperación de derechos.
En ese sentido, desde nuestra organización, coherente con lo que habíamos planteado, resistimos los cuatro años de Bertonismo. No fue sin grandes costos, para el sindicato, para la docencia en general, pero sobre todo para nuestras jubiladas y jubilados y aquellas compañeras y compañeros que sufrían la modificación de sus contratos laborales pues ya no se respetaría lo establecido que eran 25 años de servicio sin límite de edad, el 82% móvil y la paritaria. Al cambiarlo, le arruinaron la vida, le cambiaron sus planes familiares y a partir de ahí empieza todo otro recorrido. Este nos llevó a noviembre del año 2022, momento en el que la docencia, después de mucha lucha, mucho debate y de haber demostrado la sustentabilidad de nuestro régimen previsional, logró la restitución de derechos, luego hubo una rectificación y seis meses de espera para la reglamentación.

Es puesta en vigencia la ley y caprichosamente, trabajadores de la caja, que accedieron a cargos de una nueva estructura negociada directamente con Banje y el Bertonismo, que fueron los garantes del ajuste, pretenden desconocer un derecho tan elemental para los trabajadores y trabajadoras el convenio colectivo de trabajo del sector docente. Esos trabajadores y trabajadoras impidieron en primera instancia que compañeros y compañeras puedan presentar sus papeles para la jubilación, luego vino el cambio del presidente de la caja de previsión social, se fue Yomi, entró Bogarín, y la cosa siguió exactamente igual.
En los últimos días, para sorpresa de todos y todas, la vocal por los jubilados presentó una nota al fiscal de estado y al tribunal de cuenta, tratando de generar nuevamente una corriente de opinión para que compañeras y compañeros que trabajan en el escalafón docente, que están contemplados en nuestro convenio colectivo de trabajo, que le dan sustentabilidad a la caja y que fueron parte del debate legislativo con ella misma presente no pudieran acceder al beneficio jubilatorio. En la comisión donde se discutieron los cargos frente a grupo, quedó claro que un gabinetista está frente a grupo, que una bibliotecaria está frente a grupo, que un preceptor, una preceptora están frente a grupo, y así podríamos nombrar los distintos cargos, en ese momento la vocal no emitió palabra. No emitió palabra cuando presentamos los estudios y no emitió palabra posteriormente. Entonces, no queda otra alternativa frente a semejante ataque y luego de que organizaciones gremiales municipales de Ushuaia firmaran un pedido casi en la misma dirección, que dar a conocer las últimas cifras en la relación aportantes-beneficiarios de julio del 2023, donde queda demostrado que el sector docente es absolutamente superavitario, que somos casi cinco aportantes por cada jubilada y jubilado.
También para que la sociedad sepa y para que los trabajadores estatales en general conozcan que nosotros no somos irresponsables, aventureros y mucho menos quienes pretendemos desfinanciar la caja y así generarle una zozobra a nuestros jubilados y jubilados, sino que estamos preocupadas y preocupados para recuperar la autarquía de nuestra caja, para que de ese modo se nos dé el manejo pleno a las trabajadoras y trabajadores a través de elecciones generales, directas para que los estatales vayan renovando mandato tras mandato estos representantes, tanto en la caja como en la obra social.
Además, nos encontramos haciendo un trabajo muy minucioso de cuánto es el monto real de la deuda que licuó Bertone, que no pagó Ríos, que no pagó Cóccaro, que pagó muy poco Colazo y con la que obviamente nos esquilmó el manfredotismo.
En este sentido, y para que quede claro, la docencia cada vez que alguien se jubila es reemplazado por otro cargo docente, muy diferente a otros sectores del Estado, ya que lamentablemente en algunos otros sectores, municipales por ejemplo, o poderes donde pueden o no reemplazar un trabajador activo, en otros casos pueden reemplazarlo con formas precarias de contratación que no hacen otra cosa más que lesionar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y al mismo tiempo desfinanciar la caja y atentar contra nuestra obra social.
Es dando a conocer esta planilla de relaciones beneficiarios y personal en actividad, que abrimos el debate de manera seria y no estigmatizante, pensando cómo ayudamos para que cada sector deficitario se transforme en superavitario y así dar garantía al conjunto de la caja. Es cierto que estamos en un sistema solidario y entonces si los que somos superavitarios tenemos que ser solidarios y solidarias con aquellos que son deficitarios, deberíamos establecer un criterio político, como cuáles son los sectores que pueden prescindir de su sustentabilidad debido el servicio que prestan, por ejemplo quienes se desempeñan en la Salud Pública. Pero también aquellos sectores que pueden y deben hacer un esfuerzo mayor, como por ejemplo el Tribunal de Cuentas. Nos parece que los propios trabajadores de la Caja de Previsión Social, que dicen estar tan preocupados, pero que al mismo tiempo son deficitarios, también deberían hacer un esfuerzo mayor. Los municipios, la Legislatura Provincial deberían ponerse en discusión.
Es en este camino que seguiremos recuperando derechos, luchando hasta que recuperemos la Autarquía, hasta que seamos las y los trabajadores quienes dirijamos los destinos de la Obra Social y la Caja.