Las amenazas de posibles tiroteos en escuelas de Río Grande siguen acumulándose y mantienen en alerta al sistema educativo y a las fuerzas de seguridad. Este lunes volvieron a aparecer pintadas intimidatorias en el CEPET de Río Grande y el número de denuncias ya asciende a 17.

El patrón se repite: mensajes anónimos escritos en baños de los establecimientos, sin responsables identificados hasta el momento. Sin embargo, cada advertencia activa protocolos que implican despliegue policial y medidas preventivas.

Desde la Justicia de Familia confirmaron que actualmente hay al menos nueve instituciones con vigilancia, algunas con presencia policial fija y otras con recorridos periódicos, según el nivel de riesgo evaluado en cada caso. 

De ellas 8 tienen consignas dispuestas por el Juzgado: Colegio Integral de Educación (CIERG), Colegio Luis Piedrabuena, Polivalente de Artes, CEPET, Haspen ,  Laureano Maradona, Ernesto Guevara y Escuela 23.

Aunque hasta ahora todas las amenazas resultaron ser falsas alarmas, el impacto es concreto. No solo por la movilización de recursos, sino por el efecto en estudiantes, docentes y familias, que transitan la rutina escolar en un clima de incertidumbre.

En paralelo, también se viene trabajando en prevención. Días atrás, especialistas en derecho y niñez brindaron charlas en colegios para abordar las consecuencias legales de este tipo de acciones. Allí se remarcó que, aun cuando se trate de bromas, las amenazas constituyen delitos y pueden derivar en intervenciones judiciales.

El escenario abre varias capas de preocupación: por un lado, la reiteración de los hechos; por otro, la dificultad para identificar a los responsables; y, en el medio, la necesidad de sostener la calma sin minimizar el riesgo.

Mientras avanzan las investigaciones, las escuelas siguen funcionando bajo un esquema reforzado de seguridad, en una ciudad donde las amenazas dejaron de ser episodios aislados para convertirse en un problema sostenido.