En una jornada decisiva para la agenda de reformas del gobierno, el presidente Javier Milei encabezó una nueva reunión de Gabinete en Casa Rosada. Del encuentro, que comenzó a las 9.30 en el Salón Eva Perón y se extendió por más de una hora, participaron todos los ministros, incluidos los próximos a asumir Alejandra Monteoliva (Seguridad) y Carlos Presti (Defensa).
A su término, el jefe de Gabinete Manuel Adorni dio comienzo a un nuevo encuentro del Consejo de Mayo en su primera aparición como presidente del cuerpo. Allí se debate la versión final de los proyectos de reforma laboral y tributaria, justo antes de su presentación oficial en sesiones extraordinarias.
Un nuevo timón: Adorni asume en un momento de urgencia
La designación de Adorni al frente de la Jefatura de Gabinete llegó en un momento de máxima presión: el Gobierno busca cerrar los detalles de las reformas antes del recambio legislativo de diciembre.
El traslado de poder -de Francos a Adorni- no es menor: implica una apuesta por alguien del círculo interno del Gabinete, con el encargo de coordinar ministerios y articular con gobernadores. La periodicidad anunciada de reuniones de gabinete cada 10 días busca imprimir ritmo a la gestión.
Qué se juega en el Consejo de Mayo
El Consejo de Mayo es, en esta coyuntura, el escenario donde se define -o al menos se perfila- el “cómo” de las reformas que aspira impulsar el Gobierno. Reforma laboral, nuevos parámetros de organización del trabajo, regulación del régimen de vacaciones, indemnizaciones, licencias: todos estos puntos están sobre la mesa.
En este contexto, la decisión de adelantar la reunión y ponerla bajo la órbita de Adorni sugiere una apuesta a terminar con los debates técnicos y los roces internos, y cortar definición antes de la presentación al Congreso. Una apuesta de alto riesgo: las filtraciones, tensiones entre carteras y el descontento dentro del oficialismo ya hicieron ruido.
Qué queda en el aire: advertencias e incógnitas
Puede parecer un gesto de orden institucional: nuevo jefe de Gabinete, nuevo impulso de agenda. Pero la velocidad que pretende imponer el Ejecutivo -reuniones cada 10 días, cierre exprés de normas laborales y tributarias- deja poco margen para el debate serio, el análisis técnico y la fiscalización. Con un Congreso pendiente, esa premura podría terminar teniendo costos políticos o sociales.
Además, no está claro -al menos por ahora- hasta qué punto los gobernadores que acompañan al gobierno aceptarán la letra final de las reformas sin modificar. El llamado “diálogo federal” suena fuerte, pero la voracidad reformista puede chocar con intereses provinciales o sindicales.
