Fernando Cerimedo fue aprehendido en Bolivia e imputado como presunto autor intelectual del ataque armado contra la abogada Nadia Beller, quien recibió tres disparos al salir de un hotel en Santa Cruz de la Sierra. La Fiscalía pidió 180 días de detención preventiva y su defensa rechazó la acusación. La audiencia cautelar que debía definir su situación fue postergada para este viernes 21 de agosto.

La investigación ocurre a miles de kilómetros de Río Gallegos, pero la caída del consultor libertario vuelve a colocar una pregunta incómoda en el despacho de Claudio Vidal: ¿cómo una empresa nacida dentro del círculo familiar y empresario de Cerimedo terminó administrando la seguridad de los hospitales públicos de Santa Cruz?

La pregunta no es caprichosa. Tampoco puede responderse con la habitual receta del Gobierno provincial: un comunicado apurado, una denuncia de “operación de prensa” y a otra cosa.

En esta historia hay nombres, fechas, boletines oficiales, facturas y millones de pesos públicos.

National Security Enterprise SRL fue constituida en octubre de 2022 por Natalia Belén Basil y María Liliana Palazzo, según consta en el Boletín Oficial de la Nación. Basil era entonces esposa y socia empresarial de Cerimedo y formaba parte del entramado comunicacional vinculado a La Derecha Diario, el medio utilizado por el consultor para impulsar las campañas de Javier Milei y Jair Bolsonaro.

El objeto de la sociedad incluía seguridad privada, vigilancia, custodia y monitoreo electrónico. No era todavía una empresa santacruceña, no tenía antecedentes conocidos en la provincia y mucho menos experiencia pública dentro del sistema de salud local.

En abril de 2024, después de ser designada en la Agencia Nacional de Discapacidad, Basil y Palazzo cedieron sus cuotas a Tomás Federico Beltrame y Héctor Eduardo De Diego. Basil dejó la gerencia y Beltrame quedó al frente de la compañía.

El dato obliga a ser precisos: cuando la firma comenzó a facturar en Santa Cruz, Basil ya no aparecía formalmente como propietaria. Pero la empresa tampoco había salido del universo político y comunicacional de Cerimedo. Beltrame había integrado Madero Media Group, la estructura relacionada con La Derecha Diario, y el propio sitio de National Security Enterprise fue desarrollado por Numen Publicidad, la agencia fundada por el consultor.

Lo que sí está acreditado es que una sociedad creada por su entonces esposa, transferida luego a personas de su mismo ecosistema empresario, consiguió rápidamente un negocio millonario con la administración de Claudio Vidal.

Y es allí donde la historia deja de ser solamente sobre Cerimedo y pasa a ser, principalmente, sobre el gobernador de Santa Cruz.

El desembarco fue vertiginoso. Una reunión de socios celebrada el 3 de abril de 2024 resolvió instalar una sucursal en Río Gallegos. La decisión fue protocolizada el 10 de junio y publicada nueve días después en el Boletín Oficial de Santa Cruz. La firma fijó domicilio en Bustamante 280, designó como representante a Carlos Eduardo Marín y abrió la sucursal sin asignarle capital social.

El 22 de julio de 2024, apenas un mes después, el gobierno de Vidal la incorporó al Registro Único de Proveedores mediante la Disposición 296. La puerta del Estado ya estaba abierta.

Poco después llegó el negocio grande.

A comienzos de 2025 se conoció que National Security Enterprise prestaría la vigilancia del Hospital Regional Río Gallegos por alrededor de $115 millones mensuales. La documentación difundida llevaba las firmas de la ministra de Salud, Analía Constantini, y del entonces secretario de Estado de Salud, Ariel Varela.

Cuando el caso tomó estado público, el Ministerio de Salud salió a defender la operación. Negó que existiera una contratación directa, aseguró que la empresa cobraba mediante la presentación de facturas mensuales y sostuvo que el expediente no había sido objetado por el Tribunal de Cuentas.

Pero dentro de esa misma explicación oficial quedó escrita la contradicción más importante: la licitación pública todavía se encontraba “en marcha”, mientras National Security Enterprise ya vigilaba el Hospital Regional, su anexo, nueve centros de salud, el área de Salud Mental y otras dependencias.

Es decir, la empresa trabajaba, presentaba facturas y recibía pagos antes de que finalizara el procedimiento competitivo que el propio Gobierno utilizaba como garantía de transparencia.

El comunicado habló mucho de la prestación efectiva, de los trabajadores incorporados y de las cámaras instaladas. Sin embargo, nunca terminó de responder lo esencial: quién propuso a la empresa, bajo qué modalidad fue elegida, qué otras ofertas se evaluaron, cuáles eran las condiciones completas del servicio y por qué se comenzó a pagar mientras la licitación seguía abierta.

La defensa oficial también se apoyó en un supuesto ahorro. El Ministerio afirmó que la compañía anterior cobraba $180 millones mensuales y que National Security Enterprise permitía reducir el gasto en unos $60 millones.

Después aparecieron las facturas y el ahorro comenzó a sufrir problemas de salud.

La empresa elegida durante la gestión de Vidal también terminó sancionada por el propio Estado provincial. La Disposición 666/2025 del Ministerio de Trabajo calificó como “grave” el incumplimiento relacionado con recibos de sueldo, comprobantes de acreditación bancaria y la presentación del listado completo de empleados. La multa fue de $1.243.239,60 y la resolución ordenó dar intervención al Tribunal de Cuentas.

Después aparecieron reclamos laborales individuales y nuevas audiencias administrativas. Una de ellas fue convocada para el 19 de agosto de 2026, cuando el nombre de Cerimedo ya ocupaba nuevamente las portadas por su detención en Bolivia.

Pero la detención rompió el silencio alrededor de sus relaciones políticas y empresariales. Y en Santa Cruz dejó expuesto un vínculo comercial que el gobierno de Vidal intentó presentar como un simple trámite administrativo.

Por eso es Vidal quien debe explicar si la llegada de National Security Enterprise fue apenas una coincidencia comercial o si formó parte del acercamiento político que su gobierno buscaba con el dispositivo libertario nacional.

Mientras Cerimedo espera que la Justicia boliviana defina su futuro, en Santa Cruz queda una cuenta pendiente mucho más cercana: la explicación política de un gobernador que prometió terminar con los negocios oscuros del Estado, pero terminó pagando millones a una empresa surgida del corazón del aparato libertario.

Fuente: wou.com.ar