El magistrado Ariel Lijo dispuso una restricción cautelar que impide al exfuncionario abandonar el territorio argentino, en el marco de la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito, causa que también involucra a su cónyuge y su hermano.

El juez federal firmó la medida el viernes por la noche y exige que el imputado notifique si tiene intenciones de viajar al exterior. De manifestar ese deseo, el pedido será analizado en el contexto del expediente principal, que avanza con pasos cada vez más firmes hacia una eventual citación a indagatoria.

El fiscal Gerardo Pollicita, por su parte, presentó un dictamen para sumar nuevas diligencias ante el mismo juzgado, en busca de ampliar el espectro de la pesquisa. Entre sus requerimientos, sobresale el pedido para que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) acceda al expediente, así como solicitudes de información a la Dirección Nacional de Migraciones y a la empresa propietaria de la aeronave vinculada al caso.

La investigación también profundiza el análisis de los desplazamientos del exfuncionario. El fiscal ordenó que se requiera a Migraciones todos los registros de ingresos y egresos del país de Manuel Adorni y del periodista Marcelo Grandio desde el 1 de enero de 2023 hasta el presente. Esta medida busca reconstruir detalladamente la trazabilidad migratoria de ambos sujetos.

Paralelamente, la Justicia agregó un nuevo destino a la lista de posibles viajes cuestionados: se investiga un presunto desplazamiento del entonces jefe de Gabinete hacia Aruba. Los peritajes abarcan tanto los gastos corrientes como los viajes domésticos e internacionales, la compra de propiedades y las discrepancias patrimoniales detectadas entre sus declaraciones juradas.

La causa, caratulada como «Adorni, Manuel s/malversación de caudales públicos y otro», avanza así en múltiples frentes, mientras el exfuncionario –quien recientemente renunció a su cargo en el directorio de YPF– enfrenta un cerco judicial que se estrecha progresivamente.