El Senado buscará dictaminar en los próximos días sobre el proyecto de reforma de salud mental que tiene como puntos centrales autorizar las internaciones “no voluntarias” e incorpora al consumo problemático de sustancias como una enfermedad de salud mental.

La Libertad Avanza tiene decidido avanzar con la firma del despacho en la próxima reunión del plenario de las comisiones de Salud y de Legislación General, que presiden las oficialistas Ivana Arrascaeta y Nadia Márquez, tras concluir la tercera ronda de consultas.

En la ocasión expusieron profesionales de la salud, psiquiatras, psicólogos, especialistas, familiares y organizaciones sociales que trabajan diariamente acompañando situaciones críticas vinculadas a consumos problemáticos, suicidio y salud mental.

Unos de los puntos que divide las aguas es la internación “no voluntaria” que plantea el proyecto así como la obligación que cualquier diagnóstico deba tener la opinión de un psiquiatra.

Ante las críticas del peronismo a la iniciativa oficial y al sistema de salud, Márquez afirmó que, para algunos, “todas las emergencias aparecen ahora, en el gobierno del presidente Javier Milei”, y que “en este gobierno, la salud mental es una problemática que abordamos y acompañamos para dar una respuesta seria e integral”.

La senadora remarcó la necesidad de actualizar una ley que presenta dificultades concretas para intervenir de manera temprana en situaciones graves ya que “La salud mental no puede seguir esperando”.

Posiciones encontradas

La exdiputada de la Coalición Cívica y experta en el tema de salud mental, Marcela Campagnoli, afirmó que “una ley más allá de sus buenas intenciones debe medirse también por sus buenos efectos” y la actual norma “significó un avance importante en derechos humanos, pero con los años mostró límites concretos”

“Detrás de cada vacío legal hay familias destruidas, madres agotadas, pacientes que podrían haberse salvado antes si el sistema hubiera llegado antes”, advirtió.

Por su parte, Soledad Cottone,decana de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario, expresó su rechazo al proyecto del Gobierno y en particular con el requisito de incorporar obligatoriamente a un psiquiatra en los equipos interdisciplinarios.

“Los psicólogos estamos habilitados para evaluar riesgo, la modificación introduce una jerarquización normativa que no existe en la formación de grado. Reducir la firma habilitante al psiquiatra implica una descalificación injustificada de nuestra formación y un retroceso de la psicología como disciplina autónoma”, expresó.

El abogado Vadim Mischanchuk, especializado en salud y defensa médica, sostuvo que hay que cambiar la ley actual porque la palabra ‘inminente’ ha dificultado desde 2010 la posibilidad de de internar a una persona y dijo que “esto debe modificarse sí o sí”, dado que “la ley vigente ha demonizado los hospitales de salud mental”.